El Gobierno nacional avanzará con sanciones económicas contra los gremios de trenes y colectivos que se sumaron al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado 19 de febrero. La medida fue instruida por el presidente Javier Milei y será ejecutada por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello.
Las multas alcanzarían cifras millonarias y estarían dirigidas principalmente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad. Según trascendió, las sanciones podrían rondar los 70 mil millones de pesos para el gremio de colectiveros y cerca de 20 mil millones de pesos para el sindicato ferroviario.
Desde el Gobierno argumentan que ambos sindicatos participaron de la medida de fuerza a pesar de encontrarse bajo un proceso de conciliación obligatoria vigente. En el caso de la UTA, la conciliación había sido dictada el 10 de febrero y se extendía hasta el 26 del mismo mes, mientras que para La Fraternidad el procedimiento había comenzado el 4 de febrero con igual fecha de finalización. La adhesión al paro durante ese período, sostienen desde el Ejecutivo, constituye una violación directa del procedimiento laboral establecido por el Estado.
En un primer momento, dentro de la administración nacional se evaluó avanzar con una medida más severa: la quita de la personería gremial a las organizaciones sindicales involucradas. Sin embargo, finalmente se optó por aplicar sanciones económicas, en lo que fuentes oficiales describieron como un cambio de estrategia frente al incumplimiento de la conciliación.
Mientras se aguarda el pago de las multas, el Ejecutivo considera que la medida representa una oportunidad para que los gremios regularicen su situación. No obstante, también advirtieron que si las organizaciones sindicales desconocen o se niegan a abonar las sanciones, el Gobierno podría volver a evaluar la alternativa más dura de avanzar con la quita de la personería gremial.
