El presidente Javier Milei firmó el Decreto 646/2025 que reglamenta la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado. La medida, que según el Gobierno busca “modernizar” los procedimientos, fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y especialistas en migración, quienes advierten que introduce mecanismos más restrictivos y consolida una mirada “securitista” sobre las personas refugiadas.
La nueva normativa incorpora al Ministerio de Seguridad a la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) -tras la disolución del INADI- y establece tres modalidades de procedimiento para evaluar solicitudes: ordinario (hasta un año), sumario (hasta seis meses) y excepcional por extradición (10 días hábiles). Además, habilita el rechazo “in limine” de pedidos considerados “manifiestamente improcedentes” en un plazo de 10 días.
También define con mayor precisión la extensión del estatus de refugiado a familiares directos -cónyuges, parejas de hecho, ascendientes y descendientes dependientes- y regula procedimientos para la reunificación familiar en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones y Cancillería.
Las críticas se centran en la falta de consulta previa a organismos especializados, al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y a organizaciones de la sociedad civil. “Este reglamento le permite a la CONARE rechazar pedidos de forma express. Es particularmente grave en zonas de frontera o con personas detenidas”, advirtió Diego Morales, director del área de Litigio del CELS. Gabriela Liguori, de CAREF, sostuvo que “el Gobierno concibe al refugiado como una amenaza a la seguridad nacional” y que la reglamentación “compromete principios fundamentales” como el no rechazo en frontera y la no devolución.
Los datos oficiales muestran que en 2024 Argentina recibió 1.714 solicitudes de refugio, mayoritariamente de ciudadanos rusos (51%), brasileños (11%) y cubanos (8%). De los 2.988 casos resueltos ese año, solo 343 personas fueron reconocidas como refugiadas frente a 33 rechazos; el problema principal fueron los 1.960 expedientes que caducaron y los 481 desistidos por falta de seguimiento.
En paralelo, el Gobierno cambió el tono de su comunicación oficial: primero presentó la reglamentación como “un sistema moderno, garantista y transparente”, pero reemplazó ese mensaje por otro titulado “Argentina no será refugio de delincuentes”. Allí se destaca que la norma busca impedir que “quienes tengan cuentas pendientes con la justicia en otros países” encuentren en el país “un lugar para escapar de la ley”.
El endurecimiento se refleja también en la designación del abogado Fernando Soto como representante del Ministerio de Seguridad en CONARE, decisión que fue rechazada por 40 organizaciones de derechos humanos por considerar que carece de idoneidad para un órgano encargado de proteger a personas refugiadas.
Con estas modificaciones, la política argentina de asilo ingresa en una etapa inédita: mientras el Ejecutivo defiende que moderniza y agiliza los procesos, especialistas y ONG alertan sobre un retroceso en la protección internacional.
