Nación profundiza el “plan motosierra” y prepara una nueva ola de despidos en el Estado, que alcanzaría a unos 30.000 empleados públicos. Organismos como INDEC, CONICET y ANSES estarían entre los más afectados. La gestión Milei ya acumula cerca de 58.000 cesanteados.
El Gobierno nacional se prepara para ejecutar una nueva tanda de despidos en organismos descentralizados como el INDEC, CONICET y ANSES, que podría sumar hasta 28.000 bajas a las 59.000 ya registradas desde diciembre de 2023. La medida —que se llevaría a cabo mediante la no renovación de contratos— forma parte de una nueva etapa del achicamiento estatal impulsado tras las elecciones. Esta ofensiva se da en paralelo al reacomodamiento interno del oficialismo, luego del ascenso de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y la salida de Guillermo Francos.
La reestructuración es coordinada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con el jefe de Gabinete. Aunque tras la caída de las facultades delegadas su cartera había quedado con un rol difuso, avanza ahora sobre un recorte “transversal” que podría reducir otro 10% del empleo público. Entre los organismos apuntados figuran AFIP, Anmat, Conicet, INTA, INTI, Enacom, entre otros, varios de los cuales ya sufrieron ajustes previos. El caso de la Anmat genera especial atención en medio de las investigaciones por los lotes contaminados de fentanilo, situación que tensó la relación entre Sturzenegger y el ministro de Salud, Mario Lugones.
La ofensiva incluye también a Televisión Pública y Radio Nacional, bajo la órbita de Adorni, donde se registraron fuertes recortes presupuestarios, caída salarial y retiros voluntarios. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, Radio y Televisión Argentina (RTA) tiene 2.157 empleados y recibió 52% menos fondos que en 2024. En total, en octubre el empleo público rondaba los 282.000 trabajadores y el Gobierno busca avanzar en nuevas bajas hacia 2026 y el primer trimestre de 2027, cuando vencen numerosos contratos. En paralelo, continúan los planes de privatización, eliminación de dependencias duplicadas y el cierre de los registros de propiedad automotor.
