Tras el fallo que frenó los cambios en las leyes de trabajo, el Ejecutivo anunció que apelará la medida. Con un discurso de confrontación, el Ministerio de Capital Humano acusó a la CGT de defender «intereses corporativos» frente a la suspensión de la Ley 27.802.
La gestión libertaria no acusó recibo del revés judicial propinado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63. Ante la cautelar que suspende la modernización laboral, la respuesta oficial fue ratificar un plan de «ir a fondo».
Desde la Casa Rosada insisten en que la legitimidad obtenida en el Congreso debería estar por encima de los cuestionamientos judiciales, tensando una vez más la relación con la división de poderes.
La estrategia jurídica quedó delegada en la Procuración del Tesoro y en la cartera de Sandra Pettovello. Por ahora, el Gobierno analiza si dar la pelea en el fuero laboral o intentar trasladar el conflicto al fuero contencioso administrativo, buscando un terreno más amigable para sus intereses.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques observa desde afuera una disputa que promete escalar en los próximos días.
En un duro comunicado, Capital Humano atacó directamente a la central obrera, tildando de «obstáculo» cualquier freno a sus medidas. Bajo la narrativa de combatir el «estancamiento», el oficialismo ignora los reclamos de los trabajadores y se prepara para una batalla legal que, aseguran, llevarán hasta las últimas consecuencias para garantizar la plena vigencia de su normativa.
