A partir de mediados de 2025, el Gobierno nacional pondrá en marcha un sistema de actualización mensual automática en las tarifas de luz y gas, con el objetivo de evitar atrasos en términos reales y garantizar la estabilidad de los ingresos de las empresas del sector.
El sistema de incrementos mensuales reemplazará a los aumentos discrecionales aplicados en 2024 tras años de congelamiento. Esta medida surge de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), un proceso que comenzará en febrero y que definirá los nuevos cuadros tarifarios y las inversiones obligatorias para las distribuidoras y transportistas de energía.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ya iniciaron las convocatorias a Audiencias Públicas para discutir estos cambios. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la medida impactará en las concesionarias Edesur y Edenor, mientras que en el resto del país el proceso será gestionado por cada provincia.
El ministro de Economía, Luis Caputo, instruyó a la secretaria de Energía, María Tettamanti, para que los aumentos acumulados en todo el año no superen el 10% en la tarifa final, con el fin de mitigar el impacto en los consumidores. Para lograrlo, los ajustes podrían aplicarse en cuotas mensuales, permitiendo una distribución más equitativa de los incrementos.
Actualmente, las tarifas que pagan los usuarios están compuestas por cuatro factores:
1. Costo de la energía
2. (único componente con subsidios estatales).
2. Transporte de energía.
3. Distribución de energía.
4. Impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, más de 800.000 hogares dejaron de recibir subsidios, lo que permitió una reducción del gasto estatal de USD 3.000 millones en 2024. A partir de mitad de 2025, el Gobierno prevé aplicar un nuevo esquema de subsidios basado en solo dos categorías de usuarios: quienes reciben ayuda estatal y quienes no.
La implementación de este sistema de actualización tarifaria cuenta con la intención de avanzar hacia un modelo de contratos libres entre empresas y reducir la intervención del Estado en la fijación de precios.