El Gobierno nacional avanzará en la adquisición de submarinos y buques a una empresa francesa que, según investigaciones internacionales, encabezó un ranking mundial de corrupción armamentística, en el marco de un proyecto destinado a reforzar la capacidad operativa de la Armada y de la Prefectura Naval Argentina.
La operación, que había sido impulsada inicialmente durante la gestión anterior y contaría con el respaldo político del presidente Javier Milei, incluye la compra de tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas de patrulla offshore (OPV) clase Gowind, con un valor aproximado de 2.000 millones de dólares.
La empresa encargada de la construcción será el astillero Naval Group, de capitales privados con fuerte participación estatal francesa. Esta firma ha sido objeto de múltiples denuncias de sobornos y prácticas corruptas en contratos internacionales de armamento desde la década de 1990, acumulando acusaciones en países como Pakistán, Malasia y Brasil, y liderando un ranking de corrupción militar según el Compendium of Arms Trade Corruption de la Fletcher School para la World Peace Foundation.
Los casos señalados incluyen supuestos pagos de sobornos para obtener contratos de venta de submarinos en diferentes partes del mundo y acentúan el debate sobre la transparencia y la selección de proveedores en grandes compras de defensa.
El presidente había retomado el proyecto en las últimas semanas después de que la compra se diluyera por la inestabilidad económica y financiera que afectó al país durante el período preelectoral. La fuerza submarina argentina se encuentra actualmente inactiva desde el hundimiento del ARA San Juan en 2017, lo que subraya, según el Ejecutivo, la necesidad de recuperar capacidades operativas.
Representantes oficiales han destacado la relación bilateral con Francia y el objetivo de modernizar las capacidades navales nacionales, aunque no se ha divulgado oficialmente el cronograma ni los detalles finales del acuerdo. La decisión generó un nuevo foco de atención en sectores críticos de la política de defensa y en analistas que advierten sobre la importancia de garantizar mecanismos de transparencia y control en este tipo de contrataciones internacionales.
La firma del contrato y el financiamiento de la operación aún requieren definiciones formales, por lo que se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre el instrumento legal y financiero que habilitará la concreción de la compra de estas unidades navales estratégicas.
