A un mes de haber finalizado la auditoría técnica en Buenos Aires, el Fondo Monetario Internacional aún no ha elevado al Directorio el informe necesario para habilitar el envío de 1.000 millones de dólares previstos en el programa vigente. Esta demora, que excede los plazos habituales para este tipo de trámites burocráticos, pone de manifiesto las discusiones internas que atraviesa el organismo respecto al cumplimiento de los objetivos fijados con la Argentina.
El nudo del conflicto radica principalmente en la acumulación de reservas internacionales. A pesar de que el gobierno de Javier Milei puso en marcha un plan específico a principios de año, las pautas establecidas para diciembre de 2025 no fueron alcanzadas, registrando un desvío que se estima en torno a los 9.000 millones de dólares. Esta situación obliga a la negociación de una dispensa o «waiver», un paso administrativo que el staff técnico todavía no ha terminado de procesar.
En este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha planteado abiertamente la necesidad de modificar la estructura del acuerdo, solicitando que las metas dejen de ser trimestrales para pasar a ser anuales. Esta disidencia sobre el esquema de evaluación sería uno de los factores centrales que mantiene trabada la confección del reporte final.
Pese a la incertidumbre que genera el silencio del organismo desde el cierre de la misión el pasado 12 de febrero, en los despachos oficiales predomina un moderado optimismo. El fuerte respaldo político que la administración actual recibe por parte de los Estados Unidos se percibe como la garantía principal para que, una vez zanjadas las diferencias técnicas, el Directorio brinde finalmente luz verde al desembolso.
