Tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, especialistas denuncian la falta de controles en hospitales y la desprotección de los profesionales ante consumos problemáticos.
El fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar ha encendido las alarmas sobre el acceso a drogas de uso quirúrgico fuera de los quirófanos. Eduardo Arellano, médico emergentólogo y rescatista, advirtió en una nota con la Agencia Noticias Argentinas que el «Caso Propofol» no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un sistema de salud con fallas estructurales en la trazabilidad de sustancias críticas y una preocupante falta de protocolos de detección temprana.
Según explicó Arellano, la combinación de Propofol y Fentanilo es sumamente eficaz en contextos médicos para inducir el sueño y mitigar el dolor, pero su uso recreativo es letal sin monitoreo profesional. «Juntos son muy buenos, pero la complicación es la depresión del sistema respiratorio. Requieren estrictos controles cardiológicos y ventilación mecánica», detalló el especialista, subrayando el peligro de que estas sustancias circulen sin supervisión.
A pesar de que el circuito formal exige prescripciones dobles y registros en historias clínicas, Arellano denunció la existencia de «zonas grises» en el control hospitalario. Las mayores filtraciones ocurren durante los turnos noche, fines de semana o feriados, cuando la farmacia central está cerrada. Además, señaló una alarmante disparidad en la vigilancia: mientras que a enfermeros y personal de limpieza se les revisan las pertenencias, los médicos suelen estar exentos de estos controles al finalizar sus guardias.
El experto también hizo hincapié en la vulnerabilidad de los trabajadores. Factores como el síndrome de Burnout, el pluriempleo, los bajos salarios y las secuelas psicológicas de la pandemia han creado un terreno fértil para el desarrollo de adicciones. Sin embargo, el sistema actual tiende a la estigmatización: «Cuando un trabajador pide ayuda, generalmente se lo echa. No existen protocolos para registrar a la persona vulnerable y el seguimiento queda librado a la suerte», lamentó.
Finalmente, el llamado de los profesionales apunta a una reforma integral de la salud ocupacional. Para Arellano, la solución no es solo policial, sino médica y administrativa, se requiere una seguridad real en la trazabilidad de los fármacos y un acompañamiento activo a los profesionales. La tragedia de Zalazar pone de manifiesto que, sin una intervención estructural, el sistema de salud seguirá descuidando a quienes tienen la tarea de cuidar a los demás.
