Mientras el Gobierno insiste con un relato de «recuperación económica», la realidad industrial muestra lo contrario. La producción textil cayó un 18,1% en agosto respecto del mismo mes del año pasado, y ya se destruyeron más de 5.000 puestos de trabajo formales en los últimos doce meses, según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).
El derrumbe del sector cuadruplica la caída promedio de la industria (-4,4%) y confirma el deterioro que comenzó a acelerarse a mediados de año. El uso de la capacidad instalada se desplomó a 41,5%, casi nueve puntos menos que en 2024, lo que significa que más de la mitad de las máquinas están paradas.
«Los costos financieros, la apertura de importaciones y la caída del consumo interno están asfixiando al sector», explicó Celina Pena, gerente general de FITA. La dirigente advirtió que el escenario actual «va más allá de la estacionalidad» y responde a una política económica que «dejó a la industria sin oxígeno».
El golpe también se siente en el empleo. En julio, los rubros textiles, de confección, cuero y calzado sumaron 108.000 trabajadores registrados, 5.000 menos que un año atrás. La tendencia negativa se repite desde febrero y no muestra señales de freno.
Mientras tanto, los precios del sector suben por debajo de la inflación general: el rubro textil aumentó 19,7% interanual frente al 31,8% del índice general, lo que refleja márgenes cada vez más ajustados y menor rentabilidad.
El panorama se completa con un fuerte retroceso del algodón: la producción cayó 15% y los precios al productor solo subieron 10% en un año, muy por debajo de la inflación. En paralelo, las exportaciones del sector se hundieron 12 y las importaciones se duplicaron (+119%), dejando en evidencia una apertura comercial que profundiza el daño sobre la industria nacional.
Sin plan de reactivación a la vista, la industria textil, uno de los principales motores del empleo en economías regionales, se convierte en un símbolo del costo social del ajuste. Mientras las fábricas cierran y los trabajadores pierden su fuente de ingreso, el Gobierno mantiene su apuesta por la «libertad de mercado», aun cuando esa libertad está dejando a miles de familias sin sustento.
