A tono con las políticas de Javier Milei, el gobernador Ignacio Torres declaró una cesación de pagos que castiga a proveedores, pymes y hasta sentencias judiciales firmes, pero mantiene intocado el vínculo con los bancos. Con una ley de emergencia hecha a medida, gobernará con superpoderes mientras crece la crisis social y económica en la provincia.
El ajuste brutal que impulsa el gobierno nacional comenzó a mostrar sus consecuencias más crudas en las provincias. Chubut acaba de oficializar su cesación de pagos mediante una ley de emergencia sancionada por la mayoría oficialista que responde al gobernador Ignacio Torres. La medida deja en evidencia el colapso de las cuentas provinciales, producto directo del recorte de fondos por parte de Javier Milei y de una gestión local sin respuestas.
La Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa no solo congela pagos a proveedores del Estado, sino que suspende también la ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales que obligaban al gobierno a cumplir con sus compromisos. Todo esto mientras se garantiza el cumplimiento estricto de los pagos con el sistema financiero.
El ajuste cae sobre los más débiles
La norma afecta a todos los acreedores estatales con deudas superiores a los 2,5 millones de pesos, lo que incluye a pequeñas empresas, contratistas de obra pública, prestadores de servicios y comercios locales que hoy quedan al borde de la quiebra. Mientras tanto, Torres asegura que los bancos seguirán cobrando sin interrupciones.
Peor aún, se amenaza abiertamente a la Justicia: cualquier juez que intente hacer cumplir las sentencias será acusado de mal desempeño y podría ser sancionado por el Consejo de la Magistratura. Una advertencia que desnuda el intento de disciplinar al Poder Judicial y consolidar el mando absoluto.
Emergencia para pocos, discrecionalidad para el Ejecutivo
La ley otorga a Torres la posibilidad de modificar el presupuesto sin aprobación legislativa, extinguir contratos y renegociar deudas por fuera de cualquier mecanismo institucional de control. Las puertas quedan abiertas a acuerdos opacos, discrecionales y con nula transparencia.
Según la exministra de Economía de Chubut, Gabriela Dufour, “esta no es una respuesta a una crisis estructural, sino una consecuencia directa de una gestión fallida y un ajuste nacional salvaje que deja a las provincias sin oxígeno”. Dufour acusó a Torres de haber prometido planificación y orden, pero de terminar gobernando por decreto y sin respuestas.
Un relato oficial que se desmorona
La excusa del endeudamiento heredado pierde fuerza al contrastarla con los datos recientes: en abril, la Legislatura autorizó al gobernador a tomar nueva deuda por 650 millones de dólares, y en lo que va de 2024 y el primer cuatrimestre de 2025, Chubut fue una de las provincias que más fondos recibió del Estado nacional: más de 11.500 millones de pesos.
A eso se suman los 7.000 millones de pesos enviados en febrero para enfrentar los incendios en Epuyén, de los cuales apenas 2.000 millones llegaron a los damnificados. El resto, según múltiples fuentes, fue desviado a otros fines por el Ejecutivo provincial.
Chubut como laboratorio del ajuste nacional
La ley sancionada por Torres replica casi en su totalidad la que su propio gobierno impuso al asumir, en diciembre de 2023. Si no hay cambios, gobernará al menos tres de sus cuatro años de mandato bajo un régimen de emergencia que concentra el poder y elimina los contrapesos institucionales.
Incluso dentro de su bloque hubo resistencia. Legisladores oficialistas se negaron a aprobar artículos que permitían apropiarse del Bono Petrolero, un fondo clave que financia a los municipios y representa hasta el 40% de sus presupuestos. Sin embargo, la pulseada interna no alcanzó para frenar la ley.