El bloque de diputados de Unión por la Patria presentó dos proyectos que busca poner en jaque al gobierno para frenar el acuerdo financiero que Javier Milei negocia con el Tesoro de Estados Unidos. Advierten que cualquier deuda que no cuente con la aprobación de ambas Cámaras será nula y no obligará al Estado argentino a pagarla.
La primera iniciativa, impulsada por Itai Hagman, exige que el ministro de Economía, Luis Caputo, rinda cuentas en el Congreso sobre el plan de salvataje que Washington estaría dispuesto a ejecutar. La segunda, encabezada por Máximo Kirchner, reclama que cualquier compromiso de endeudamiento sea debatido y aprobado por ambas Cámaras antes de concretarse.
Los legisladores advirtieron que “todo empréstito tomado por la Argentina con el Tesoro de los Estados Unidos que no sea avalado por una ley expresa del Congreso tendrá nulidad absoluta” y, por lo tanto, no obligará al Estado argentino a pagarlo. El planteo se sustenta en los artículos 75, incisos 4, 7 y 22 de la Constitución Nacional, que establecen que los tratados y operaciones de crédito público requieren autorización parlamentaria.
En redes sociales, el jefe de la bancada, Germán Martínez, adelantó parte del cuestionario que Caputo deberá responder si se presenta en Diputados. Entre las preguntas figuran por qué se recurre a “un financiamiento del Tesoro de EE.UU. cuando hay disponibles 15.000 millones de dólares activando el swap de China”, y si el Gobierno cumplirá con la ley 27.612, que obliga a enviar toda operación de endeudamiento al Congreso. Martínez consideró que la búsqueda de fondos en Washington es “la demostración del fracaso del plan económico de Milei y Caputo”.
El proyecto que reclama el debate legislativo cuenta con las firmas de Constanza Alonso, Leila Chaher, Gabriela Estévez, Emiliano Estrada, Rogelio Iparraguirre, Tomás Ledesma, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Agustina Propato, Vanesa Siley, Natalia Zaracho y Rodolfo Tailhade, entre otros.
En sus fundamentos, los diputados citan también las leyes 24.156 y 27.612, que prohíben al Poder Ejecutivo contraer deuda sin autorización del Congreso, reforzando la advertencia de nulidad absoluta en caso de incumplimiento.
