En medio de un ambiente de alta tensión política, la Cámara de Diputados debatirá hoy el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que ha generado fuertes divisiones en el Congreso y protestas en diversas universidades del país, 12 de las cuales se encuentran tomadas por los estudiantes.
El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, se aferra a la esperanza de reunir los votos necesarios para blindar la decisión del presidente Javier Milei. Con el respaldo de los legisladores del PRO y algunos gobernadores, buscan alcanzar el tercio de los votos que necesitan, es decir, 86 adhesiones si todos los diputados están presentes. En este contexto, la posible ausencia de algunos legisladores que rechazan el veto podría ser clave para el resultado final.
A última hora del martes, LLA confiaba en tener los votos suficientes. «Mi intuición es que hoy hay una diferencia a favor de blindar el veto», comentó Leandro Santoro, diputado de Unión por la Patria. Sin embargo, las ausencias podrían inclinar la balanza. No estarán presentes la diputada Alejandra Torres, de Córdoba, ni los diputados Héctor Stefani (UCR), Oscar Zago (MID) y Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), todos opositores al veto.
El bloque de La Libertad Avanza cuenta con 39 legisladores comprometidos a apoyar el veto. En tanto, esperan que al menos 35 diputados del PRO hagan lo mismo, aunque algunos, como Álvaro González y Héctor Baldassi, se han manifestado en contra. La Unión Cívica Radical (UCR), atravesada por divisiones internas, podría también aportar algunos votos a favor del oficialismo.
Los gobernadores juegan un papel clave en este escenario. El Gobierno espera contar con los legisladores afines a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Marcelo Orrego (San Juan) y Mario Passalacqua (Misiones), cuyas bancadas podrían ser decisivas.
El veto fue publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, un día después de una multitudinaria marcha en defensa de la educación pública. El Gobierno justifica su postura alegando que la ley incrementaría el gasto sin especificar los fondos necesarios para cubrirlo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley implicaría un costo de $738.595 millones, el 0,14% del PBI, aunque el Ejecutivo eleva esa cifra a $811.569 millones.
En respuesta a esta situación, estudiantes de 12 universidades nacionales han tomado sus sedes, incluyendo facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y otras en Rosario, San Martín y Tucumán, entre otras.
Ante la posibilidad de que el Congreso revierta la decisión del Presidente, el Gobierno no descarta recurrir a la Justicia, argumentando que la ley viola la Ley de Administración Financiera.