La Cámara de Diputados convocó a audiencias públicas para debatir el proyecto de reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que introduce modificaciones en los criterios de protección de los glaciares y en el régimen de actividades permitidas en zonas periglaciares.
La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina y establece que las exposiciones se desarrollarán los días 25 y 26 de marzo entre las 10 y las 19. La primera jornada será presencial, mientras que la segunda se realizará de manera virtual para quienes participen de forma remota.
El debate se llevará adelante en las comisiones de Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Comisión de Asuntos Constitucionales, que recibirán las opiniones de especialistas, organizaciones y ciudadanos interesados en el proyecto. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado de la Nación Argentina el pasado 26 de febrero y ahora deberá ser tratada por la Cámara Baja para completar el proceso legislativo.
El proyecto plantea modificar el alcance de la normativa vigente al limitar el ámbito de protección de los glaciares. En concreto, establece que solo serán preservados aquellos que cumplan simultáneamente con tres condiciones: estar incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares, tener una superficie igual o superior a una hectárea y presentar una función hídrica relevante y persistente como reserva de agua dulce.
Además, la iniciativa propone habilitar actividades económicas en zonas periglaciares -donde actualmente existen restricciones-, lo que permitiría el desarrollo de proyectos mineros y de hidrocarburos en esas áreas. También traslada a las provincias la facultad de autorizar estas actividades.
Otro de los cambios planteados es la eliminación de la prohibición de liberar sustancias contaminantes en esos territorios, bajo el argumento de que la regulación vigente limita el desarrollo productivo.
El presidente Javier Milei defendió la iniciativa en distintas oportunidades. Durante el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad en Corrientes, sostuvo que el proyecto fue impulsado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y que busca “devolverle el federalismo a las provincias” para que definan los límites de las zonas periglaciares.
En el Congreso, el senador libertario Bruno Olivera rechazó la idea de que el proyecto plantee una dicotomía entre protección ambiental y desarrollo económico. Según explicó, la propuesta busca que las provincias realicen estudios técnicos para determinar si determinadas geoformas presentes en zonas periglaciares cumplen o no una función hídrica relevante.
Por su parte, la senadora oficialista Patricia Bullrich consideró que la legislación vigente contiene “términos muy abstractos” que dificultan establecer con claridad cuáles son las cuencas hídricas que deben ser protegidas. En ese sentido, sostuvo que la reforma podría brindar mayor seguridad jurídica para inversiones vinculadas a la minería, el turismo o la actividad agropecuaria.
Pero la iniciativa también generó cuestionamientos desde organizaciones ambientalistas. Bruno Sirote por ejemplo, advirtió que la reforma podría debilitar los criterios científicos utilizados actualmente para identificar glaciares y delimitar zonas periglaciares. Según señaló, el cambio implicaría trasladar el control ambiental a múltiples jurisdicciones provinciales con capacidades técnicas diferentes, lo que podría generar inseguridad jurídica y criterios dispares en la aplicación de la norma.
El activista también alertó sobre posibles impactos ambientales, entre ellos la pérdida de flora y fauna, la alteración de los procesos de regulación térmica y riesgos para el abastecimiento de agua. En regiones como Cuyo, explicó, cerca del 70% de la población depende del agua proveniente de glaciares para actividades cotidianas y productivas.
Además, recordó que la reforma se vincula con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga estabilidad regulatoria por 30 años a las empresas que inviertan en el país, lo que podría dificultar la reversión de proyectos autorizados bajo ese esquema.
Quienes deseen intervenir en el debate podrán inscribirse hasta el 20 de marzo en el Registro de Participantes, ya sea mediante un formulario online o de manera presencial en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, en la Ciudad de Buenos Aires. Las exposiciones orales tendrán una duración máxima de cinco minutos, mientras que las presentaciones escritas no podrán superar las diez carillas en formato A4.
