
El ministerio de Defensa le pidió al municipio de Bahía Blanca abonar una suma millonaria para conservar los puentes provisorios que el Ejército Argentino había instalado luego del temporal de marzo. Ante la amenaza de que fueran retirados, el intendente Federico Susbielles firmó el convenio, lo que desató fuertes críticas de la oposición, que acusó al Gobierno nacional de “hacer negocio con la necesidad”.
Una fuerte controversia se desató en Bahía Blanca luego de que el Gobierno nacional exigiera al municipio el pago de unos 17 millones de pesos por cada uno de los puentes de emergencia colocados por el Ejército Argentino tras el temporal que azotó la ciudad en marzo. Además, el Ministerio de Defensa solicitó el pago de un adicional por mantenimiento de las estructuras, que resultaron claves para reconectar distintos barrios afectados.
El secretario de Obras Públicas del municipio, Gustavo Trankels, confirmó que la cartera conducida por Luis Petri pidió la firma de un convenio para mantener los puentes en funcionamiento. “El Ejército vino y los posicionó en el lugar. Nosotros estábamos muy agradecidos porque era una forma de reconectar la ciudad, pero después nos plantearon que para continuar con la prestación, Bahía Blanca debía pagar”, explicó en declaraciones al medio local La Brújula.
Frente al riesgo de que las estructuras fueran retiradas, el intendente Federico Susbielles (Unión por la Patria) resolvió aceptar la exigencia y firmar el acuerdo con el Ministerio. “Lo que hicimos fue resolver un problema, porque si no, se los llevaban y nos quedábamos incomunicados”, justificó el funcionario, al remarcar que la ciudad todavía atraviesa un proceso de reconstrucción tras el desastre climático.
La decisión generó duros cuestionamientos desde la oposición. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz criticó al Gobierno por “encontrar un negocio en la necesidad” y calificó la medida como “una muestra más de su crueldad y desprecio por el pueblo”. En redes sociales, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei: “Cobrar alquiler por los puentes de emergencia después de una inundación devastadora es inaceptable”.
Este nuevo conflicto se suma a la tensión previa entre la administración nacional y el municipio, luego de que en junio el Ejecutivo vetara una ley aprobada por el Congreso que destinaba $200.000 millones a la reconstrucción de Bahía Blanca. Con esta nueva disputa, el enfrentamiento político vuelve a quedar en primer plano, mientras la ciudad intenta recuperarse de los graves daños que aún afectan a miles de vecinos.