El delegado de Vivienda en Chamical explicó los motivos del reciente desalojo de una familia y detalló la situación de morosidad en el departamento, donde sólo el 15% de los adjudicatarios paga regularmente su cuota.
Sergio Brizuela, delegado de Vivienda en Chamical, se refirió a la manifestación registrada en las puertas de la delegación luego del desalojo de una vivienda. Indicó que el procedimiento se realizó por orden judicial y tras un expediente “que llevó tiempo y múltiples notificaciones”. Señaló que la familia involucrada había sido citada en cinco oportunidades para regularizar la situación.
Brizuela explicó que los motivos del desalojo fueron dos: falta de pago y falta de ocupación efectiva de la vivienda. Recordó que, al adjudicarse una casa, la normativa fija un plazo de 72 horas para habitarla y un periodo prudencial para iniciar el pago de las cuotas. “La ley es clara: la vivienda debe ocuparse, mantenerse en condiciones y abonarse”, sostuvo.
El delegado detalló que sólo el 15% de los adjudicatarios en Chamical cumple con los pagos. Las primeras cuotas del barrio entregado en 2021 eran de $2.500, pero los intereses acumulados elevan hoy las deudas a valores muy altos. En cambio, quienes pagan en término tienen una cuota pura cercana a los $97.000. “Sigue siendo menor que un alquiler”, afirmó.
Brizuela también advirtió que la baja recaudación afecta directamente la continuidad de obras: “Tenemos 38 viviendas al 50% de ejecución que están paralizadas porque el plan recupero no alcanza”.
Consultado sobre el reclamo de la familia desalojada, señaló que intervino personal de áreas sociales, escribanía y abogados, y que el proceso se llevó adelante con todas las instancias de notificación. Respecto de otras viviendas, confirmó que muchas personas fueron intimadas en toda la provincia por situaciones similares.
En cuanto al criterio de adjudicación de nuevas unidades, Brizuela sostuvo que actualmente se realiza un análisis social desde el Ministerio, aunque manifestó que sería necesario avanzar hacia mecanismos “más transparentes”, como la calificación del padrón o incluso un sistema de sorteo. “Debe valorarse la antigüedad y la situación de cada familia para que el proceso sea justo”, afirmó.
La vivienda en cuestión ya fue entregada a un nuevo adjudicatario tras la resolución judicial.
