El presidente Javier Milei firmó el Decreto 866/2025, una medida que vuelve a modificar el organigrama del Estado bajo el argumento oficial de «optimizar la gestión de gobierno». Pese a la magnitud de los cambios, el decreto se limita a reorganizar áreas sin detallar cómo esta reingeniería mejorará efectivamente la administración pública.
La norma publicada en el Boletín Oficial altera el Decreto 50/2019 y adapta la estructura de la Jefatura de Gabinete, Interior, Economía, Seguridad y Salud. Los cambios responden también a modificaciones previas realizadas mediante los Decretos 658/25, 793/25 y 825/25, que ajustaron la Ley de Ministerios.
Uno de los puntos más sensibles es la eliminación de la Secretaría de Comunicación y Medios como dependencia de Presidencia. Sus funciones se trasladan a la nueva Secretaría de Comunicación y Prensa bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni. La medida centraliza aún más el control de la comunicación gubernamental y empresas clave como RTA S.E., Contenidos Públicos S.E. y la Agencia de Publicidad del Estado.
La Jefatura de Gabinete queda compuesta por seis secretarías, incluyendo Turismo y Ambiente, que absorbe funciones antes ubicadas en el Ministerio del Interior. El traspaso incluye personal, bienes y presupuesto, aunque el decreto no explica cómo esta redistribución evitará superposiciones o pérdidas de capacidad operativa.
El Ministerio del Interior, conducido por Diego Santilli, queda reducido a tres secretarías e incorpora, como novedad, la Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A la vez, el propio INAI deja de funcionar como organismo con autonomía y pasa a ser una unidad dentro de la Jefatura de Gabinete, lo que implica una recentralización que puede limitar su capacidad de acción.
Economía suma la Secretaría de Asuntos Nucleares, con competencia en políticas y usos pacíficos de la energía nuclear, control del ciclo de combustibles y supervisión de la CNEA. Aunque el sector es estratégico, la creación de nuevas estructuras contrasta con los mensajes oficiales sobre reducción del gasto y simplificación del Estado.
La Secretaría de Energía redefine funciones relacionadas con renovables, eficiencia y electromovilidad, mientras mantiene sus organismos bajo tutela. En Salud, se reorganiza la Secretaría de Gestión Administrativa con dos nuevas subsecretarías, un movimiento burocrático más que una reforma sustantiva.
El Ministerio de Seguridad incorpora como objetivo participar en la aplicación de la Ley 26.165 sobre refugio, agregando más responsabilidades a una cartera ya cargada de tareas estratégicas.
El decreto entró en vigencia el 6 de diciembre de 2025 y las estructuras inferiores se mantendrán activas hasta que avance la reconfiguración. Las erogaciones seguirán atendiéndose con los presupuestos actuales de cada área, lo que evidencia una transición improvisada y sujeta a ajustes posteriores.
El texto lleva las firmas de Milei y de los ministros Adorni, Santilli, Caputo, Lugones y Monteoliva. Más allá de la amplitud de los cambios, persisten dudas sobre si esta nueva reorganización traerá una administración más ágil o solo profundizará la complejidad y fragmentación que el propio Gobierno dice querer resolver.
