Un nuevo informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTQI+ encendió las alarmas al revelar un incremento del 70% en los ataques violentos contra personas de la comunidad en los primeros seis meses de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. Se registraron 102 agresiones motivadas por odio hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género, muchas de ellas con consecuencias letales.
El 70,6% de las víctimas fueron mujeres trans, seguidas por varones gay cis (16,7%) y lesbianas (6,9%). De todos los casos relevados, el 83,3% implicaron lesiones físicas y 17 personas perdieron la vida, ya sea por asesinatos, muertes evitables producto de la exclusión estructural o suicidios.
El informe expone también una preocupante responsabilidad estatal: el 64,7% de los hechos ocurrieron por acción u omisión de agentes estatales, y más de la mitad (54%) sucedieron en contextos de encierro institucional como comisarías y cárceles. La violencia institucional aparece como una forma sistemática de disciplinamiento hacia la diversidad.
Desde la Defensoría LGBTQI+ y la Federación Argentina LGBTQI+ -principales impulsoras del documento junto a otros organismos públicos- exigieron que la Justicia tipifique estos crímenes como delitos de odio, y reclamaron con urgencia la aprobación de una nueva Ley Nacional contra la Discriminación. “No podemos permitir que el odio se convierta en doctrina oficial ni que la violencia se naturalice”, manifestaron.
