El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Orlando Spagnuolo, junto con otros 18 imputados por su presunta participación en una red de corrupción que operaba dentro de ese organismo. La decisión forma parte de la causa que se inició tras la filtración de audios en 2025 y apunta a funcionarios y operadores externos acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a desviar fondos públicos mediante contratos irregulares con droguerías.
La resolución del magistrado alcanza a Spagnuolo por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. El juez explicó que la organización criminal estaba compuesta tanto por funcionarios de la ANDIS como por particulares, y tenía como objetivo “generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de adjudicaciones indebidas de contrataciones públicas”.
En su fallo, Casanello describió la existencia de un «sistema de retornos» implementado por las droguerías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios a la ANDIS, a través del cual supuestamente se recompensaba a funcionarios que actuaban en contra del interés público. El juez sostuvo que el funcionamiento irregular del organismo fue empleado como vía de enriquecimiento por sus miembros, “en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
La investigación se inició en agosto de 2025, luego de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón basada en notas periodísticas que replicaban la filtración de audios. En una de esas grabaciones, una voz atribuida a Spagnuolo mencionaba: “Lule (Menem) me lo puso a Garbellini para chorear”. Las defensas de los acusados intentaron anular la causa alegando que los audios eran ilegales o manipulados, pero Casanello rechazó esos planteos y sostuvo que pudo corroborar las denuncias con otras pruebas independientes.
La resolución, de más de 300 páginas, identifica una estructura jerárquica dentro de la presunta organización criminal que operó en la ANDIS. Junto a Spagnuolo fueron procesados como jefes de la asociación ilícita su segundo al mando, Daniel María Garbellini, y dos supuestos operadores externos, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, quienes, según la investigación, habrían articulado la manipulación de contratos desde fuera del organismo.
Aunque todos los procesados continuarán en libertad por ahora, el juez trabó un embargo millonario sobre sus bienes: más de 202.247 millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos similares para los otros tres señalados como jefes de la red.
Casanello advirtió además que lo descubierto podría ser apenas “la punta del iceberg” y sugirió que la responsabilidad política y de otros actores aún no investigados debe ser esclarecida. En ese sentido ordenó nuevas indagatorias para figuras como Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta, entre otros.
La investigación también alcanzará a las estructuras societarias que, según la causa, habrían sido utilizadas para el fraude. Casanello citó a declaración indagatoria a las personas jurídicas de cuatro droguerías: Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA.
