La Justicia Federal de Córdoba avanza en una causa que involucra a 23 gendarmes, entre ellos una jefa de sección y a un civil, acusados de integrar una organización dedicada a cobrar sobornos a camioneros en la Ruta Nacional N°8. Hasta el momento, 11 de los uniformados permanecen detenidos.
El expediente, impulsado por el fiscal federal de Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas, comenzó a investigarse en febrero de este año tras la denuncia de un transportista que aseguró haber sido víctima de reiterados pedidos de dinero por parte de personal de la Sección de Seguridad Vial «Sampacho» de la Gendarmería Nacional.
Con el paso de las semanas, otras dos denuncias similares, una proveniente de otra provincia, reforzaron la investigación y confirmaron el patrón: los sobornos se exigían a cambio de permitir continuar viaje durante los controles en la ruta. Las cifras iban desde $50 mil hasta $600 mil, y en varios casos los pagos se realizaban por transferencias a billeteras virtuales.
Según la investigación, el grupo actuaba de manera organizada y tenía un «cajero» civil, encargado de recibir las transferencias, administrar el dinero y distribuirlo entre los gendarmes involucrados.
Las maniobras se habrían extendido entre julio de 2024 y septiembre de 2025, período durante el cual se habrían cometido al menos 10 hechos de exacciones ilegales agravadas.
La jefa de la sección, Analía Gailán, también está imputada. Aunque fue detenida junto a otros 12 gendarmes en los allanamientos realizados en septiembre, actualmente cumple prisión domiciliaria. El resto de los detenidos permanece bajo prisión preventiva.
Fuentes judiciales indicaron que siguen identificando camioneros víctimas a partir del análisis de las transferencias detectadas. «En general, tienen miedo», reconocieron los investigadores, lo que dificulta que algunos se presenten a declarar.
El caso tiene un detalle poco habitual: los allanamientos y detenciones fueron realizados por la propia Gendarmería Nacional, cuando en causas de este tipo suele intervenir otra fuerza federal para evitar conflictos internos.
En total, se efectuaron más de 25 allanamientos simultáneos en Córdoba, San Juan, Salta, Catamarca y Santa Fe.
La Dirección de Asuntos Internos de la Gendarmería condujo la investigación encubierta, que incluyó escuchas telefónicas, tareas de vigilancia y registros audiovisuales.
Durante los operativos, se secuestraron teléfonos, documentación y dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa. Aquellos que no fueron detenidos inicialmente fueron notificados de su imputación por parte del Juzgado Federal a cargo de Carlos Ochoa.
Hasta el momento, el expediente acumula 24 imputados: 23 gendarmes y un civil, acusados de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas. Los investigadores no descartan nuevas detenciones a medida que se incorporen más pruebas y testimonios.
