Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, organizaciones socioambientales impulsan una demanda colectiva para declarar su inconstitucionalidad. La iniciativa ya reunió más de 500 mil firmas y busca ampliar el respaldo ciudadano para frenar lo que consideran un retroceso en materia ambiental.
La reciente reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno nacional con el argumento de brindar “seguridad jurídica” a las inversiones, desató una fuerte reacción de organizaciones ambientales que avanzan con una demanda judicial colectiva para frenar su aplicación. La iniciativa, que ya cuenta con más de 500 mil adhesiones, aspira a convertirse en la mayor acción legal de este tipo en defensa del agua y los bienes comunes.
El reclamo es encabezado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, que anunciaron la presentación de una demanda para declarar la inconstitucionalidad de la reforma sancionada en el Congreso. “No podemos quedarnos de brazos cruzados. Luego de la traición a la voluntad ciudadana, vamos a la Justicia, pero necesitamos acompañamiento social para frenar este retroceso”, señalaron en un comunicado conjunto.
Entre los principales cuestionamientos, las organizaciones advierten que la nueva normativa delega en las provincias la regulación sobre los glaciares, lo que —según sostienen— contradice los principios constitucionales de presupuestos mínimos ambientales. Además, denuncian que la reforma limita la capacidad de control del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla-Conicet), organismo clave en la protección de estos ecosistemas.
En este contexto, se habilitó un sitio web para que la ciudadanía pueda adherir a la demanda colectiva. Desde las organizaciones aclararon que la firma no implica obligaciones legales para quienes participen, sino que busca reforzar el respaldo social a la presentación judicial.
Mientras tanto, el número de adhesiones continúa en aumento y los impulsores de la iniciativa esperan alcanzar al menos un millón de firmas en los próximos días, consolidando así una fuerte presión social contra la reforma.
