El conflicto en las universidades públicas del país se intensifica tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que fue ratificada por la Cámara de Diputados, desatando una ola de protestas estudiantiles. En respuesta, un centenar de facultades han sido tomadas por estudiantes, en un clima de creciente malestar que culminará en un paro nacional el 17 de octubre.
Las universidades más afectadas por las protestas son la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional de La Pampa, entre otras. En la UBA, las facultades de Medicina, Exactas, FADU, Ingeniería, Sociales, Psicología, Derecho y Filosofía y Letras decidieron tomar los edificios y organizar clases públicas, además de otras medidas de fuerza. Las tomas en algunos casos durarán entre 24 y 72 horas, mientras que otras se mantendrán hasta el viernes. También se planificaron cortes de calles y una marcha a Plaza de Mayo y al Palacio Pizzurno.
En la Universidad Nacional de La Plata, las facultades de Ciencias Naturales, Trabajo Social, Periodismo, Psicología y Arte se sumaron con una toma de 24 horas y clases públicas, mientras que en la Universidad Nacional de Rosario, los alumnos, junto con docentes y no docentes, iniciaron un plan de lucha con tomas activas. Las facultades de Veterinaria, Arquitectura, Ciencia Política, Psicología y Humanidades lideran las protestas con medidas más drásticas.
Por su parte, en la Universidad Nacional de La Pampa, el Frente de Resistencia Estudiantil mantiene la toma de la sede central en Santa Rosa, mientras que en Jujuy, los estudiantes de la Universidad Nacional (UNJu) suspendieron temporalmente la toma del rectorado en espera de la visita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El veto de Milei, firmado un día después de la marcha masiva de septiembre en defensa de la educación pública, eliminó una medida que habría ampliado los recursos financieros para las universidades. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la ley representaba un 0,14% del PBI. Con el apoyo de aliados del PRO y otros espacios provinciales, el gobierno logró bloquear la insistencia de la oposición en la Cámara de Diputados, lo que ha desencadenado la actual movilización estudiantil.
