Este martes, la Cámara de Diputados reanuda el tratamiento de un proyecto que podría modificar de forma sustancial la Ley Penal Juvenil en Argentina. La iniciativa plantea bajar la edad mínima de responsabilidad penal de los 16 a los 14 años, e incluye un esquema integral de sanciones y medidas alternativas para menores que cometan delitos.
Impulsado por el Gobierno nacional junto a bloques como el PRO, UCR, Coalición Cívica, Innovación Federal y parte de Encuentro Federal, el proyecto será discutido esta tarde a partir de las 16 en un plenario que reúne a las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto y Hacienda. El objetivo del oficialismo es alcanzar un dictamen favorable que habilite su votación en el recinto antes de fin de mes.
Aunque el oficialismo logró cierto consenso en torno a fijar la edad de imputabilidad en 14 años —descartando la propuesta inicial de bajarla a 13—, el texto genera un fuerte rechazo en sectores como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y organismos de Derechos Humanos. A estos se sumó recientemente la comisión de Pastoral Social de la Iglesia, cuyo presidente, el obispo riojano Dante Braida, advirtió: «Encerrar a un chico no resuelve el problema de fondo».
El proyecto establece que ningún menor podrá ser condenado a prisión perpetua y que el máximo de pena será de 20 años, aún en casos de delitos múltiples. También contempla la revisión de la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, permitiendo el arresto domiciliario u otras formas alternativas de cumplimiento.
Además del eje punitivo, el texto propone medidas orientadas a la resocialización, con programas educativos, de formación ciudadana, actividades deportivas y asistencia médica. Se prevé, asimismo, la creación de una figura clave en el nuevo esquema: la del supervisor, responsable de acompañar al joven en su proceso de reintegración.
En casos de delitos menores, las sanciones podrán incluir servicios comunitarios, restricciones de contacto con la víctima, monitoreo electrónico y reparación del daño.
Con al menos nueve reuniones previas en las que se abordó el tema desde el año pasado, el Congreso se encamina hacia un debate decisivo en torno a la justicia penal juvenil y su rol frente a los desafíos actuales de seguridad y derechos.