Según un nuevo relevamiento del Observatorio Nacional de Acción Climática, el 73% de las metas oficiales vinculadas a la agenda climática en nuestro país no están encaminadas a cumplirse para 2030, lo que pone en evidencia un rezago estructural en la implementación de políticas ambientales.
El estudio, coordinado por la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras y realizado junto a más de 20 organizaciones multisectoriales, analizó 100 objetivos oficiales incluidos en 23 documentos normativos y estratégicos. Cada meta fue evaluada según su grado de cumplimiento, a partir de información pública, pedidos formales y trabajo técnico independiente.
De acuerdo con los resultados, un 17% de las metas es “imposible de cumplir”, un 20% no presenta avances y un 36% registra un “avance leve”. Solo el 16% muestra progresos reales: un 10% presenta avances moderados, un 3% se encuentra con cumplimiento esperado y otro 3% ya cumplido. El 11% restante carece de información suficiente para ser evaluado.
Entre los objetivos catalogados como imposibles de cumplir se destacan la erradicación de basurales a cielo abierto, la meta de no superar las 372 megatoneladas de CO₂ equivalentes en 2025 y el desarrollo de la producción de hidrógeno a gran escala hacia 2030. Por su parte, los compromisos vinculados a la penetración de vehículos eléctricos y la reducción de emisiones en el sector energético muestran avances leves, mientras que metas como alcanzar la carbono neutralidad en 2050 no presentan progreso alguno.
“Los datos muestran que una parte sustantiva de la agenda climática nacional no está en trayectoria hacia 2030. El problema central es la falta de seguimiento y recursos asignados”, advirtió Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras. Según explicó, la carencia de información pública y responsables claros impide hacer correcciones a tiempo.
La evaluación también reveló retrasos en objetivos clave del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Por ejemplo, si bien 30 de las 43 áreas protegidas cuentan con planes de manejo de fuego aprobados, otras 13 aún no completan el proceso. Además, la meta de contar con planes provinciales de manejo de fuego con enfoque climático muestra un avance leve por la falta de coordinación federal y actualización de protocolos.
En cuanto a los faros de conservación, la meta de alcanzar 147 torres de detección para 2030 también registra avances escasos: actualmente existen 21 activas y no hay planes inmediatos de expansión.
Para la fundación, la lentitud en la ejecución de estas políticas agrava el impacto de los eventos extremos y genera mayores costos sociales y económicos. “La falta de avances en adaptación aumenta las pérdidas por catástrofes, afecta la salud, la infraestructura y tensiona la seguridad hídrica y alimentaria”, advierte el informe.
Los resultados completos, incluyendo la trazabilidad de las fuentes y el estado de cada meta, pueden consultarse en la plataforma oficial del Observatorio, que actualizará su monitoreo cada seis meses.
