El gobierno de la Nación, a través del Policía Federal Argentina (PFA) y bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich, abrió la preinscripción a la nueva carrera de “Investigador del Delito” en el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), cuya estructura fue creada mediante el Decreto 383/2025. El anuncio apunta a reclutar profesionales universitarios para “especializarse en investigación criminal federales y complejos”.
La convocatoria está dirigida a graduados universitarios (ingeniería, informática, contabilidad forense, ciberseguridad, ciencias naturales o exactas) y quienes ingresen realizarán un curso de nueve meses que comienza en diciembre de 2025. Al completarlo, se incorporarán a la PFA con grado de subinspector, con un salario anunciado de $ 1.052.141,79 mensuales, sin viáticos ni adicionales. Hay un compromiso de permanecer al menos 5 años en la fuerza una vez egresados.
El DFI se presenta como una estructura inspirada en el modelo del Federal Bureau of Investigation (FBI) estadounidense, orientada a delitos como narcotráfico, lavado de activos, ciberdelitos y crimen organizado. El decreto 383/2025 redefine la misión de la PFA y otorga al Ministerio de Seguridad la capacidad de incorporar perfiles técnicos especializados. 
Pese a la ambición del plan, hay críticas que advierten que el salario anunciado, aunque elevado en términos nominales, queda rezagado frente a la inflación acumulada del 233% en los últimos años. Por ejemplo, un subinspector al inicio del gobierno cobraba $ 503.726 en diciembre de 2023. También se cuestiona la cobertura médica y otros beneficios del personal policial que siguen en crisis.
Además, el decreto 383/2025 generó polémica al autorizar actividades como el ciberpatrullaje sin orden judicial y requisas sin intervención previa del juez, lo que amplía las facultades de la fuerza sin debate legislativo amplio. 
Los postulantes deberán cumplir requisitos como ser argentinos nativos o por opción, tener título universitario, hasta 40 años de edad (con excepciones), antecedentes “intachables” y superar evaluaciones psicológicas, médicas y físicas. Una vez incorporados, los nuevos agentes tendrán que adaptarse a una fuerza cuya estructura y función han sido redefinidas legalmente.
