A casi un mes de que las comisiones de la Cámara de Diputados aprobaran el dictamen del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó que es lo qué diseña el Gobierno con esta reforma.
En 2023, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que habilitaba la detención de menores desde los 13 años. Sin embargo, el dictamen de mayoría aprobado en julio por la Cámara de Diputados -que incorporó propuestas de bloques como PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre- fijó la aplicación del régimen penal juvenil desde los 14 hasta los 18 años. Actualmente, la ley establece que son punibles los adolescentes de 16 años o más.
El Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278) dispone que no son punibles los menores de 16 años, los menores de 18 que hayan cometido delitos de acción privada o aquellos cuyas penas no superen los dos años. A su vez, la Ley 22.803 impide la aplicación de prisión preventiva para jóvenes de 16 a 18 años en ciertos casos. El dictamen vigente establece que las condenas de hasta tres años deberán reemplazarse por penas alternativas, y que incluso las de hasta diez años podrán tener este reemplazo si no se trata de delitos con víctimas fatales o de violencia grave. Además, prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de condena.
Según datos oficiales, los menores -punibles o no punibles- que cumplieron alguna medida penal en Argentina representaron el 3% de las personas detenidas y puestas a disposición de la Justicia durante el primer semestre de 2024. De la población de entre 12 y 17 años del país, el 0,45% estuvo presuntamente vinculado a la justicia penal en septiembre del año pasado, de acuerdo con la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
En cuanto a las detenciones, entre enero y junio de 2024 se registraron 2.599 ingresos de menores a dispositivos de aprehensión especializados -con estadías máximas de 12 o 24 horas-, de los cuales 958 correspondieron a adolescentes de menos de 16 años. En el mismo período, 398 menores fueron trasladados a centros de cumplimiento de medidas penales juveniles y 194 a centros cerrados. En comparación, en ese semestre hubo 11.612 adultos detenidos.
Cúneo Libarona defendió la reforma asegurando que “hay un montón de menores de 14 a 16 que tienen capacidad de comprender y eligen el delito”. No obstante, reconoció que los jóvenes en conflicto con la ley “representan el 2,7% de la población carcelaria” y señaló que el nuevo régimen busca “resocializar, educar y darles trabajo”. Sobre la infraestructura penitenciaria, consideró que los actuales centros “no son idóneos” y adelantó que el Gobierno proyecta construir al menos cuatro nuevos complejos, posiblemente en Ezeiza y en tres provincias estratégicas, con escuelas, talleres de oficios y espacios deportivos, procurando que estén ubicados a no más de 600 kilómetros de las familias. “Lo importante es que sea un lugar adecuado. Si es así, yo como familia me quedo tranquilo”, afirmó.
Todo esto es cuestionado y criticado por organismos oficiales como la Procuración Penitenciaria de la Nación que advirtió sobre la falta de estándares y normativas para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad en los centros cerrados para adolescentes. Marina Chiantaretto, responsable del área de Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad, recordó que Argentina tiene dos condenas internacionales por la situación de su sistema penal juvenil y que los delitos graves cometidos por menores no punibles representan un porcentaje reducido. Además, alertó que el aumento de detenciones podría colapsar la capacidad actual y que, si la ley se aprobara de inmediato, sería necesario un período de adaptación.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) también observó deficiencias graves: aislamientos prolongados, requisas degradantes y limitaciones en el acceso a educación y actividades recreativas. El organismo pidió fortalecer programas de acompañamiento a jóvenes judicializados y advirtió sobre recortes presupuestarios, como los sufridos por el Programa Nacional de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales. También señaló que el personal de los centros suele estar precarizado y sin la formación necesaria, lo que genera alta rotación y afecta la calidad de las intervenciones.
A nivel internacional, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expresó en octubre de 2024 su preocupación por los proyectos del Gobierno y denunció condiciones de detención que no cumplen con los estándares de derechos humanos. Unicef, por su parte, aseguró que no hay evidencia de que bajar la edad de imputabilidad mejore la seguridad y advirtió que la privación de la libertad favorece la reincidencia. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que la detención debe ser una medida excepcional, de último recurso y por el menor tiempo posible.
