Pese al reclamo del sistema universitario y a la ratificación del Congreso, el Gobierno de Javier Milei confirmó que no aplicará la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras niega recortes, las universidades advierten que el presupuesto no alcanza ni para cubrir gastos básicos y que la educación pública atraviesa una situación crítica.
Durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, negaron que el Gobierno esté aplicando un ajuste sobre las universidades nacionales. Sin embargo, confirmaron que no se pondrá en marcha la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de haber sido ratificada por ambas cámaras del Congreso tras el veto presidencial de Javier Milei.
Torrendell sostuvo que “aumentar el gasto estatal no mejora la educación” y justificó el rumbo del Ejecutivo bajo la consigna de “gastar menos, pero invertir mejor”. Con ese argumento, defendió una política que, según los gremios y rectores universitarios, ha dejado a las instituciones sin recursos suficientes para sostener su funcionamiento y a miles de docentes con salarios muy por debajo de la inflación. El funcionario incluso calificó las políticas previas como un “gasto público descontrolado”, alineándose con el discurso de ajuste fiscal del Gobierno.
Por su parte, Álvarez desestimó las denuncias de recortes y habló de una “campaña del miedo”, aunque admitió que el Ejecutivo solo prevé un incremento nominal del 10% para 2025, porcentaje que no compensa la pérdida acumulada frente a la inflación. Además, insistió en que “no se cerró ninguna universidad ni hubo despidos”, declaraciones que contrastan con los reclamos de múltiples instituciones que denuncian atraso presupuestario, reducción de becas y deterioro edilicio.
En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, los funcionarios alegaron que su aplicación sería “ilegal” por no contar con una fuente de recursos definida, eludiendo la decisión del Congreso. De esta manera, el Gobierno mantiene su veto a una norma clave para garantizar la previsibilidad financiera del sistema universitario. Mientras tanto, el oficialismo busca posponer el debate del presupuesto hasta después de la renovación legislativa, cuando espera contar con una mayoría más favorable para sostener su programa de ajuste.
