Las principales organizaciones vitivinícolas presentaron un recurso de amparo para frenar cambios en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El reclamo se produce faltando pocos días para que se cumpla un mes de ocurrida la visita del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a Mendoza. El funcionario nacional se comprometió a analizar las demandas, pero no se retrotrajeron los cambios en la institución.
La información se conoció a través de un parte oficial de las entidades entre las que se destacan: La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA).
En un comunicado difundido en la red X, las entidades explicaron que los reiterados pedidos al Ministerio de Desregulación para restituir la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva pero no obtuvieron respuesta, por lo que debieron hacer formal el reclamo en tribunales.
Conflicto vitivinícola
“Frente a los reiterados pedidos realizados a las autoridades del Ministerio de Desregulación para reincorporar el CIU y su obligatoriedad, y ante la falta de respuestas, ACOVI, UVA, AVM y CARPA presentamos una acción de amparo para garantizar el título de propiedad del productor vitivinícola y la trazabilidad del producto”, precisó ACOVI a través de la red social X.
La Asociación cooperativa afirmó que coinciden con que se implementen políticas de desregulación y simplificación de los organismos del Estado, pero consideró clave entender “la importancia de mantener herramientas exitosas como el CIU que no generan burocracia ni mayor costo, garantizando seguridad jurídica y transparencia de toda la cadena vitivinícola”.
El Certificado de Ingreso de Uvas (CIU) es la base del sistema de trazabilidad de vinos en nuestro país: permite rastrear el producto desde el viñedo hasta el consumidor final, verificando el origen de la uva, el peso y su contenido de azúcar, lo que garantiza la calidad y transparencia de la cadena productiva.
Hasta ahora, el CIU era obligatorio, mientras que el Gobierno decidió que pase a ser optativo.
En la práctica, es un registro oficial que acredita el ingreso de la uva a la bodega, especificando el peso, la variedad y el tenor azucarino. De esta manera, permite reconstruir la cadena de valor, asegurando que el vino producido se correspondía con la materia prima utilizada, y también genera un código de análisis en la etiqueta que posibilita al consumidor consultar datos como la variedad, el elaborador, la fecha del análisis y las características analíticas del vino, a través de la web del INV.
El temor de productores e industriales es que, al eliminarse este control obligatorio, se abra la puerta a la adulteración o dilución de los vinos, ya que no se puede verificar fácilmente el origen y la calidad de la uva.
En tanto, otro riesgo que se menciona es el de la competencia desleal: que haya bodegas que utilicen mezclas de uvas de distintas regiones, poniendo en riesgo el valor de las denominaciones de origen.
En otras palabras, se podría afectar la propiedad intelectual de quienes produzcan las uvas que luego se transforman en vinos.
