Con una caída del 65% en las transferencias nacionales, el Ejecutivo central empuja a los distritos a una quiebra encubierta, desatando una ola de conflictos sociales que afecta la salud, la educación y la seguridad de millones de argentinos.
El modelo económico que hoy se comanda desde Buenos Aires ha decidido utilizar a las provincias como la principal variable de ajuste. En lo que va de la gestión de Javier Milei, los recursos destinados al interior profundo sufrieron un recorte real del 65,65%, lo que representa una pérdida de 1.5 billones de pesos mensuales.
Esta asfixia financiera no es un error de cálculo, sino un plan deliberado que ha llevado al 50% de las jurisdicciones a declararse en incapacidad transitoria de afrontar sus gastos más urgentes, obligándolas a aceptar «anticipos» que deberán devolver con intereses antes de fin de año.
La Rioja no es ajena a este escenario de crueldad administrativa; por el contrario, nuestra provincia es una de las más castigadas por el desprecio federal. La falta de apoyo económico nacional ha paralizado sectores vitales, dejando a los trabajadores del Estado en una situación de vulnerabilidad extrema. En nuestras calles, el conflicto en educación y empleo público es la respuesta natural a un ajuste que se traduce en heladeras vacías y servicios públicos diezmados. Sin el flujo de fondos que por ley nos corresponden, el sostenimiento de hospitales y escuelas riojanas se vuelve una batalla diaria contra la precariedad impuesta desde el puerto. Sin embargo, la provincia aún sigue en funcionamiento con el apoyo del Gobierno Provincial.
A nivel país, el panorama es desolador: el 80% de los distritos presentan focos de conflicto activos en salud y seguridad. Al caer la coparticipación un 8% y la recaudación local otro 4%, el presupuesto para salarios se ha convertido en el blanco predilecto de la motosierra. En La Rioja, este impacto se siente en cada rincón, afectando no solo el poder adquisitivo de nuestras familias, sino la calidad de vida de una población que ve cómo sus derechos básicos son sacrificados en el altar del «superávit» nacional.
La oferta de un alivio financiero a través del Decreto 219/2026 es, en realidad, una trampa de deuda. Para provincias como la nuestra, aceptar estos fondos implica una carga financiera adicional con una tasa del 15%, mientras la recaudación propia sigue en picada por la recesión. Es un círculo vicioso diseñado para disciplinar políticamente a los gobernadores a costa del bienestar de los ciudadanos, quienes ven cómo el acceso a medicamentos, la infraestructura escolar y la seguridad en los barrios se deterioran a pasos agigantados.
Esta política de abandono federal confirma que, para quienes hoy manejan la caja del país, el interior es solo un punto en el mapa para extraer recursos pero no para invertir en dignidad.
