
Escrita por Lic. Miguel Fleytas
Pérdida estructural del poder de compra
Estudios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) refieren que entre 2016 y 2024, el poder adquisitivo promedio de los hogares cayó un 24 %, mientras que en el caso de los jubilados el retroceso fue aún más dramático: 46 % en términos reales .
Estos datos reflejan que una jubilación que en 2017 alcanzaba para comprar 2,8 canastas básicas hoy apenas permite adquirir 1,5 .
Salarios y jubilaciones en picada
El poder adquisitivo real comparado con 2017 muestra caídas similares: el salario informal retrocedió un 35,4 %, el formal 25,3 %, y las jubilaciones promedio un 40,9 % .
A nivel del salario mínimo, se acumula una pérdida real de casi 30 % entre noviembre de 2023 y enero de 2025, quedando incluso por debajo del nivel de 2001 .
Además, entre noviembre 2023 y la actualidad, el ingreso mínimo ha quedado diez puntos por debajo de la inflación acumulada .
Consumo y endeudamiento
La contracción del consumo es clara: por ejemplo, el consumo masivo cayó cerca de 17 % interanual, y se observa un giro significativo hacia productos más económicos y aumento del uso de tarjetas de crédito para lo esencial .
Una familia tipo a fines de 2024 necesitaba más de un millón de pesos solo para cubrir la canasta básica, con un incremento interanual superior al 150 % en algunos ítems .
¿Generaría caos económico aumentar jubilaciones, discapacitados y universidades?
Lo que se aprobó y lo que impugna el Gobierno
En julio de 2025, el Congreso aprobó un aumento del 7,2 % en las pensiones, pese a las advertencias del Ejecutivo sobre un posible desequilibrio fiscal. Milei anunciaba su veto, aunque el Congreso podría rechazarlo y hacerlo ley .
En junio hubo una gran movilización frente al Congreso, con jubilados, docentes, personas con discapacidad y universitarios protestando por recortes. La oposición impulsó una ley que elevaba jubilaciones mínimas con bonos adicionales, acercándolas a unos 400 dólares, y denunciaba recortes en prestaciones y en el hospital Garrahan .
Riesgos fiscales vs. urgencia social
El Gobierno sostiene que cada aumento de gasto sobre todo si no se financia con ingresos nuevos o ahorro amenaza el superávit fiscal logrado tras los ajustes llevados adelante desde 2023 .
No obstante, el ajuste económico ha sido severo: hace retroceder la economía, genera pobreza creciente y agrava desigualdades. La pobreza trepó a más del 50 % en el primer semestre de 2024, especialmente entre jubilados, donde uno de cada tres se encuentra en situación de pobreza .
¿Qué dice la evidencia?
No hay caos automático: un aumento moderado, focalizado y temporal como el 7 % aprobado por el Congreso no equivale a un colapso económico si está acompañado por fuentes de ingresos claras, como mejoras en recaudación, reducción del déficit en otras áreas o redistribución del gasto.
Reducción del poder adquisitivo ya afecta la demanda interna y la cohesión social. No otorgar aumentos profundiza la crisis social y puede encender protestas masivas. El contexto no permite desligarse de la realidad social.
Políticas sociales y fiscales pueden conjugarse. La experiencia sugiere que aumentos sin financiamiento hacen ruido fiscal, pero también lo hace el deterioro social. Muchos economistas sugieren buscar fórmulas mixtas: reasignación, impuestos progresivos, lucha contra evasión, sin sacrificar urgencia social.
El deterioro del poder adquisitivo en Argentina no es una exageración: está documentado y afecta profundamente la vida cotidiana, especialmente de jubilados, trabajadores informales y sectores públicos. Los aumentos modestos en jubilaciones, discapacidad o financiamiento universitario no generarán un “caos económico” si se manejan con criterios de responsabilidad fiscal y financiamiento claro. Lo que sí se evidencia como caótico es la continuación del deterioro social.
Argentina enfrenta una encrucijada: si bien los ajustes fiscales son políticamente urgentes, ignorar la emergencia social solo profundiza el descontento. El desafío es lograr una armonía entre sostenibilidad macroeconómica y justicia social real.