El fiscal Franco Picardi pidió nuevas indagatorias para exfuncionarios y empresarios en la causa por presuntas irregularidades en la ANDIS, donde se investigan maniobras entre el sector público y privado que habrían generado un perjuicio al Estado superior a los $75.000 millones.
La investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos y avanza sobre un presunto esquema de corrupción que, según el fiscal Carlos Picardi, habría funcionado de manera sistemática entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. De acuerdo con la causa, se detectaron maniobras articuladas entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo, que habrían generado un perjuicio al Estado superior a los 75.000 millones de pesos.
Según la fiscalía, el mecanismo consistía en direccionar contrataciones, inflar precios mediante procedimientos especiales y repartir los fondos públicos entre un grupo reducido de empresas. En ese marco, el juez Sebastián Casanello —quien intervino en una primera etapa del expediente, hoy a cargo de Ariel Lijo— identificó a cuatro presuntos jefes de la asociación ilícita que operaba dentro del organismo.
La Justicia apunta a Spagnuolo, funcionarios y empresarios
Se trata de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS; Daniel Garbellini, exnúmero dos de la agencia; el empresario y lobista Miguel Ángel Calvete; y el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Pablo Atchabahian. Todos fueron procesados por distintos delitos, entre ellos negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación a la administración pública y, en algunos casos, cohecho. Además, se les trabaron embargos que superan los 200.000 millones de pesos en cada caso.
Spagnuolo, quien era la máxima autoridad del organismo durante el período investigado, ya fue indagado y procesado como uno de los supuestos líderes de la estructura delictiva. La hipótesis judicial sostiene que, junto con el resto de los acusados, encabezaba una organización destinada a desviar recursos públicos mediante contrataciones irregulares.
19 procesados
La causa, que ya cuenta con 19 personas procesadas, continúa en expansión. En los últimos días se dispuso una nueva tanda de indagatorias que incluye a más de una veintena de empresarios y particulares vinculados a las firmas investigadas. Si bien el llamado a declarar no implica culpabilidad, representa un avance significativo en la causa, ya que la Justicia considera que existen elementos suficientes para profundizar las responsabilidades.
Entre los nuevos citados se encuentran Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen y Máximo Ariel Perdiechizi, entre otros.
Según los hallazgos de la fiscalía, más de 20 empresarios, a través de unas 30 firmas, habrían participado del entramado delictivo. La investigación sostiene que la ANDIS funcionó como una “ventanilla administrada discrecionalmente”, orientada a beneficiar a proveedores afines y a ejecutar contrataciones por fuera de los principios de transparencia, concurrencia y control.
El expediente no solo pone en discusión el uso de fondos públicos, sino también el impacto sobre uno de los sectores más vulnerables. Para la fiscalía, las maniobras investigadas no solo habrían afectado las arcas del Estado, sino también el acceso a prestaciones esenciales para personas con discapacidad.
