La diputada nacional Marcela Pagano amplió en las últimas horas la denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni al incorporar nuevos elementos vinculados a una presunta propiedad no declarada en un country de la provincia de Buenos Aires.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N° 1, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Según el comunicado difundido por la legisladora, la ampliación de la denuncia apunta a una vivienda de dos plantas ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz, que no habría sido incluida en las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo con la investigación, basada en testimonios de diversas fuentes, la propiedad habría sido construida por Adorni junto a su pareja, Bettina Angeletti. El inmueble, situado dentro de un emprendimiento residencial de alta gama, tampoco figura en los registros oficiales presentados por el jefe de Gabinete, lo que motivó nuevas sospechas sobre la evolución de su patrimonio.
La denuncia señala que las expensas correspondientes al lote donde se ubicaría la vivienda habrían comenzado a registrarse a nombre de Angeletti, lo que podría indicar un vínculo de posesión o titularidad no declarado ante las autoridades competentes.
Según la última declaración jurada pública de Adorni, correspondiente al ejercicio 2024, el funcionario informó únicamente la titularidad parcial de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y la propiedad total de otro inmueble en La Plata, sin mencionar bienes en countries o barrios cerrados. En ese contexto la legisladora sostuvo que los ingresos declarados resultarían insuficientes para afrontar gastos asociados a una propiedad de estas características, además de otros consumos y viajes que también se encuentran bajo análisis.
La presentación judicial incluye la posible comisión de delitos como enriquecimiento ilícito de funcionario público, falsedad ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Como parte de la ampliación, Pagano solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas requerimientos al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, a la administración del country, a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, a la Oficina Anticorrupción, a organismos fiscales y financieros, así como la realización de una inspección ocular en el lugar y la toma de testimonios a vecinos.
