«Por primera vez en casi cuatro décadas, la Argentina carece de un organismo con competencias específicas para la atención y prevención de la violencia de género, lo que deja a miles de personas sin contención, acompañamiento ni protección estatal», destacaron desde Amnistía Internacional.
En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Amnistía Internacional difundió un informe que muestra que en los últimos dos años, Argentina atraviesa el mayor desmantelamiento de políticas públicas para mujeres y diversidades. Con recortes, eliminación de áreas específicas y presupuestos en caída libre, las organizaciones advierten que miles de personas quedan sin atención estatal en un país donde ocurre un femicidio cada 35 horas, según el último informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Desde diciembre de 2023, la administración de Javier Milei desarmó de forma sistemática los programas e instituciones creadas para prevenir y atender la violencia de género. La decisión de eliminar las áreas especializadas dejó al país, por primera vez en casi cuatro décadas, sin un organismo con competencias exclusivas para esta problemática.
El ajuste en los números
El presupuesto destinado a las políticas de prevención y asistencia cayó 89% desde 2023. En paralelo, se dieron de baja 13 programas estratégicos, entre ellos los dispositivos de apoyo urgente ante violencias extremas y el Programa Acercar Derechos (PAD), que sólo entre julio de 2023 y febrero de 2024 acompañó a más de 59 mil mujeres y diversidades con asistencia jurídica y psicosocial.
“Lo que ocurre en Argentina es parte de una ofensiva global, organizada y bien financiada, que busca frenar los avances de las mujeres y diversidades”, advirtió la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
Línea 144: menos presupuesto, menos personal y pérdida de especificidad
La Línea 144 de asistencia a los casos de violencia de género sufrió una gran transformación. El servicio, creado como herramienta central para atender casos de violencia de género, fue redefinido como un canal general para “cualquier persona en situación de violencia”.
Esa modificación, que según Amnistía desdibuja su razón de ser, ocurre en un marco de fuerte debilitamiento institucional:
* La línea perdió dos tercios de su presupuesto en 2024,
* Su planta de trabajadoras se redujo un 45%,
* En el proyecto de Presupuesto 2026 directamente desaparece su partida específica.
Entre 2019 y 2023, la 144 intervino en más de 93.000 casos. Pese a esa demanda, desde 2024 se registró una caída del 32% en las comunicaciones vinculadas a violencia de género, un descenso que organizaciones interpretan como un indicador de menor capacidad operativa y menos acceso al servicio.
Programa Acompañar, al borde de la parálisis
Creado en 2020, el Programa Acompañar permitió que más de 350.000 mujeres en situación de riesgo accedieran a apoyo económico para salir de vínculos violentos. Actualmente, su continuidad está comprometida, ya que su presupuesto se desplomó 90% y se endurecieron las condiciones de acceso.
El retroceso también se extiende a los derechos sexuales y reproductivos, donde Amnistía detectó un triple aumento de denuncias por obstáculos para acceder a la Interrupción Voluntaria o Legal del Embarazo.
