En una audiencia sorpresiva ante la Cámara Federal porteña, el fiscal José Luis Agüero Iturbe cuestionó la solidez de las pruebas contra el ex presidente Alberto Fernández y solicitó dejar sin efecto su procesamiento en la causa que investiga supuestas irregularidades en un seguro vinculado a la Cancillería.
“No se hallaron pruebas suficientes para mantener la acusación con el grado de certeza requerido en la etapa actual del proceso”, sostuvo el fiscal. En ese marco, pidió que se revoque el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello y se dicte la falta de mérito, medida que también alcanzaría al embargo millonario y a la prohibición de salida del país impuesta al ex mandatario.
El planteo sorprendió incluso a la defensora de Fernández, Mariana Barbitta, quien expresó en la sala: “Acompañamos al Ministerio Público, por favor”. El propio Fernández, presente junto al fiscal durante la audiencia, se mostró impactado por la postura del representante del Ministerio Público.
Agüero Iturbe explicó que “el único elemento relevante es una conversación de WhatsApp en la que se lee: ‘Ahora me ocupo’, en referencia al seguro de la Cancillería” y remarcó que “el resto de las pruebas consiste en intercambios entre los coimputados, sin ningún elemento directo que vincule a Fernández”.
El fiscal también respondió a los cuestionamientos de la defensa por una presunta violación al principio de congruencia, al señalar que “la descripción de los hechos atribuida en la declaración indagatoria puede ser desglosada en el auto de procesamiento para mayor claridad” y pidió rechazar esos planteos.
Sobre las recusaciones al juez Julián Ercolini, Agüero Iturbe recordó que “los actos realizados por un juez mantienen su validez mientras no sean declarados nulos” y precisó que los pedidos para apartarlo aún no fueron resueltos. También subrayó que “todas las medidas son reeditables”, lo que habilita a la defensa a revisar o repetir declaraciones testimoniales si lo considera necesario.
El fiscal advirtió, además, que la falta de pruebas directas “no implica necesariamente la desvinculación del imputado”, aunque sí “genera la apariencia de que la situación procesal del imputado permanece sin resolver respecto de hechos debidamente atribuidos”.
