Un decreto del Gobierno nacional que reestructura el INTA amenaza con despedir hasta 1.500 trabajadores en todo el país y cerrar centros regionales. La medida afecta directamente a La Rioja, donde podrían perderse cerca de 100 puestos, debilitando la producción científica y el desarrollo agropecuario regional.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una de sus crisis más profundas como consecuencia de un proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional. El decreto, que modifica la organización interna del organismo, podría derivar en la pérdida de entre 800 y 1.500 puestos de trabajo, lo que representa cerca de un 20 % de su planta histórica.
En La Rioja y Catamarca, la situación es crítica. Al menos 95 trabajadores se encuentran en riesgo de despido, mientras se evalúa el cierre del centro regional y varias agencias de extensión. Estos espacios cumplen un rol clave en la transferencia tecnológica y el acompañamiento técnico a productores rurales, especialmente en zonas de secano donde el INTA es el único soporte técnico estatal disponible.
Uno de los aspectos más preocupantes es la eliminación del consejo directivo, que hasta ahora garantizaba la participación de científicos, representantes del sector productivo y del Estado en la toma de decisiones. La nueva estructura concentra el poder en una sola figura administrativa, lo que deja al organismo sin contrapesos institucionales y vulnera su autonomía.
Desde diciembre pasado ya se produjo una reducción de personal mediante jubilaciones, retiros voluntarios y no renovación de contratos. La nueva ola de despidos amenaza con paralizar aún más las tareas de investigación, desarrollo y asistencia técnica. En muchas regiones ya se cerraron estaciones experimentales y oficinas de extensión, dejando a miles de productores sin acceso a conocimientos esenciales para la producción.
En La Rioja, por ejemplo, agentes técnicos del Valle del Bermejo perderían sus funciones, lo que implica el vaciamiento de una estructura que trabajaba sobre temas sensibles como manejo de agua, recuperación de suelos, producción orgánica y genética ganadera adaptada al clima local.
A esta situación se suma el avance de las importaciones en el sector agroindustrial y la falta de una política nacional que apueste por el desarrollo productivo con base científica. Mientras se achican organismos como el INTA, se pierden capacidades estratégicas que tardaron décadas en consolidarse.
Trabajadores, productores e instituciones locales exigen la urgente revisión del decreto y la preservación de la estructura y el personal del INTA. Advierten que desmantelar este organismo es cortar uno de los pocos puentes reales entre el Estado y el interior productivo, afectando no solo al empleo, sino también a la soberanía tecnológica y alimentaria del país.