Por Mariángel Oviedo Andrada
El regreso de Aída Graciela Villegas a La Rioja no fue como su familia hubiera deseado hace 49 años. Pero fue, quizás, el más digno que permite la historia trágica de nuestro país. Identificada recientemente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Graciela fue trasladada desde Catamarca hasta su tierra natal, donde fue recibida con profundo respeto por sus familiares, sus compañeros ex presos políticos y por un pueblo que sigue sosteniendo la bandera de los derechos humanos.
La ceremonia fue íntima y conmovedora. Estuvieron presentes su hermana, sus sobrinos y compañeras y compañeros que compartieron militancia y prisión. La emoción fue profunda. La herida sigue abierta, pero actos como este dignifican el dolor, le ponen nombre al horror y rostro a la historia.
Villegas tenía solo 22 años cuando fue secuestrada en la década del ’70, en el marco del terrorismo de Estado que asoló a la Argentina. Como tantas otras víctimas, su desaparición fue parte de un plan sistemático de exterminio. Durante décadas, su familia buscó respuestas. Hoy, gracias al trabajo incansable del EAAF y el compromiso de organismos de derechos humanos, esa búsqueda encuentra, al menos, un cierre simbólico.
El desafío de sostener la memoria
La recuperación e identificación de los restos de Aída Graciela no es solo un acto de justicia individual. Es una afirmación colectiva en un contexto donde algunos sectores intentan relativizar o banalizar el genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar. A casi medio siglo del golpe de Estado de 1976, la tarea de sostener el consenso democrático y la defensa de los derechos humanos sigue siendo vital.
Sin embargo, hoy ese camino enfrenta nuevos obstáculos. Desde la asunción del actual gobierno nacional, numerosas políticas de memoria, verdad y justicia han sido desfinanciadas o directamente paralizadas. Organismos como el EAAF han alertado sobre la crítica situación presupuestaria que compromete su capacidad operativa. Espacios de memoria han sufrido recortes, programas educativos han sido eliminados y trabajadores del área han sido despedidos.
Esto no es casual. La avanzada de discursos negacionistas desde altas esferas del poder busca deslegitimar décadas de lucha y reconstrucción democrática. Frente a esta coyuntura, la sociedad civil, los organismos y los pueblos del interior del país (como lo demostró La Rioja al recibir a Graciela) cumplen un rol fundamental: el de sostener la memoria cuando el Estado se retira.
Una vida recuperada, una historia que interpela
Graciela Villegas no es una cifra. Es una historia, una vida truncada, una militancia por un país más justo. Su regreso a La Rioja nos recuerda que cada cuerpo hallado, cada nombre recuperado, es una victoria de la memoria sobre el olvido.
Y sobre todo, nos obliga a mirar hacia adelante con la convicción de que el “nunca más” no es una consigna del pasado, sino un compromiso del presente. Por Graciela y por los 30.000. Porque no se trata solo de enterrar los huesos, sino de sembrar conciencia.