En enero de 2024, el presidente Javier Milei lanzó una advertencia contundente a los gobernadores: «Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos», aseguró. Poco más de un año después, esa amenaza se materializó a través de una política sistemática de recorte de fondos que afecta directamente a las provincias. Según datos recientes, las transferencias por coparticipación federal disminuyeron significativamente, con una pérdida estimada del 23% en 2025 en comparación con el año anterior.
Este ajuste no solo representa una cuestión de números, sino que tiene consecuencias tangibles en la vida cotidiana de los ciudadanos. En provincias como La Rioja, la caída de la coparticipación fue particularmente severa. Hasta agosto de 2024, la provincia registró una pérdida acumulada de $106.573 millones en transferencias automáticas, colocándola entre las jurisdicciones más afectadas por la disminución de los recursos coparticipables. A esto se suma que durante los primeros tres meses de 2025, las transferencias nacionales evidenciaron una merma intermensual, incluso en términos nominales, sin considerar el impacto de la inflación: -16% con relación a enero y -10% con relación a febrero. La misma situación se repite en provincias como San Luis o Catamarca, solo por hacer referencia a las más cercanas, pero lo cierto es que los datos muestran una marcada reducción de los recursos en todas las provincias, y las proyecciones para abril no anticipan una recuperación, lo que refuerza la tendencia negativa observada en el primer trimestre del año.
Algunas jurisdicciones ya advierten que si la caída se profundiza, no habrá fondos para pagar los sueldos ni para seguir prestando los servicios esenciales.
Ante la reducción de los fondos nacionales, muchas provincias se vieron obligadas a implementar ajustes fiscales internos, recortando gastos y suspendiendo programas presupuestarios, como obras públicas y programas sociales. La disminución de los recursos también afectó la capacidad de las provincias para financiar servicios esenciales como educación y salud, al tiempo que algunas tuvieron que reasignar partidas de su presupuesto para financiar programas nacionales que fueron recortados, lo que profundizó el ajuste en otras áreas.
En este marco, gobernadores y funcionarios provinciales expresaron su preocupación por los fondos «retenidos» por leyes y decretos que establecen asignaciones específicas a determinados recursos coparticipables, y solicitaron una revisión de estas disposiciones para recuperar los recursos adeudados.
La grave situación que atraviesan las provincias, ante el ahogo económico y la falta de recursos para cubrir necesidades básicas, no puede ser ignorada. Las provincias no son meros receptores de los fondos nacionales, son actores clave del sistema federal, y este tipo de políticas no solo les arrebata los medios para gobernar, sino que pone en jaque la estabilidad social y política del país.
Es momento de reflexionar sobre el rumbo del país, mucho más si se tiene en cuenta el reciente acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que no puede significar otra cosa que más endeudamiento y metas que cumplir que seguirán impactando de lleno en los más vulnerables. Es indispensable que Nación retome el diálogo con los gobernadores, garantice una distribución equitativa de los recursos y fortalezca las instituciones democráticas.