Un estudio del Instituto Gino Germani (UBA) reveló que el 72% de los trabajadores -formales e informales- no alcanza a cubrir la canasta básica. Sube el pluriempleo, aumentan los gastos en servicios y se profundiza la «pobreza residencial».
La crisis de ingresos en Argentina volvió a quedar expuesta con un estudio del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que analizó cómo las políticas del gobierno de Javier Milei que profundizaron la caída del consumo, inflación persistente, aumento de tarifas y por consiguiente acelerado deterioro del poder adquisitivo perjudican a los trabajadores.
Los resultados son contundentes: siete de cada diez trabajadores reciben salarios por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) es decir ingresos inferiores a 1 millón de pesos y el fenómeno del «trabajador pobre» se consolida como uno de los rasgos estructurales del mercado laboral argentino.
- El salario no alcanza
De acuerdo con el estudio, el 72% de los trabajadores, entre formales e informales, percibe ingresos inferiores a $1 millón, mientras que la CBT para un hogar tipo alcanzó los $1.213.799 en octubre de 2025.
Esto significa que la mayoría de las personas ocupadas en el país es pobre, aunque tenga empleo.
- Con un trabajo tampoco alcanza
Otro aspecto destacado del estudio es la relación entre la pérdida del poder adquisitivo y el crecimiento del pluriempleo: el 12% de los trabajadores ya tiene al menos dos empleos para compensar la caída de sus ingresos. En total, 9,7 millones de personas, cerca del 67% de la población económicamente activa, enfrentan problemas laborales que van desde la subocupación hasta empleos con remuneraciones muy bajas.
- Informales y cuentapropistas los más afectados
La crisis golpea con más fuerza a los trabajadores informales y cuentapropistas, que hoy exhiben los peores indicadores de ingresos. El 89% de los asalariados informales y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación no logran cubrir la canasta básica, afectados por la inestabilidad laboral y la inflación en alimentos y servicios.
El informe también advierte sobre el avance de la “pobreza residencial”, impulsada por el fuerte aumento de tarifas. El peso de los servicios públicos en el salario pasó del 4% en 2023 al 11% en 2025, un salto que dejó a numerosas familias con ingresos que apenas alcanzan para pagar vivienda y servicios, pero no para cubrir necesidades esenciales ni mejorar su calidad de vida.
El estudio concluye que el país atraviesa una etapa donde el empleo dejó de ser sinónimo de bienestar económico, un diagnóstico que alerta sobre la necesidad de revisar salarios, políticas de ingresos y criterios de actualización ante la inflación.
