La directora del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Tello confirmó que actualmente hay 569 internos alojados en la institución y cuestionó el monto que el Gobierno nacional envía por cada detenido federal: 2.000 pesos diarios para cubrir cuatro comidas y la atención integral.
“Es una suma irrisoria para los gastos que demanda, ni siquiera para un desayuno alcanza”, afirmó la funcionaria, al tiempo que denunció que Nación mantiene una deuda pendiente desde 2025 y que “no han pagado todavía absolutamente nada”.
Tello detalló que la población carcelaria está integrada por personas procesadas y otras con condena firme, que atraviesan distintas etapas de rehabilitación. Si bien indicó que el número de ingresos disminuyó en comparación con años anteriores, reconoció que persiste una sobrepoblación en relación con la capacidad del establecimiento.
“Es una sobrepoblación excedente para lo cual está preparado el Servicio Penitenciario, pero en relación a otros años no es tanto”, sostuvo. Según explicó, la reducción en los ingresos se vincula con una mayor agilización judicial, con otorgamiento de libertades cuando corresponde y una fijación más rápida de audiencias.
No obstante, calificó como “llamativo” el incremento de internos por causas federales, en el marco de operativos conjuntos entre fuerzas provinciales y federales. Actualmente, la provincia no cuenta con una cárcel federal, por lo que las personas detenidas por delitos de esa competencia son alojadas en el sistema penitenciario provincial.
La directora reiteró que el monto que envía Nación por cada interno federal continúa siendo de 2.000 pesos diarios y confirmó la existencia de una deuda acumulada desde el año pasado. El servicio de alimentación se encuentra tercerizado y es abonado por la Provincia a una empresa que provee cuatro comidas diarias. Ese mismo esquema cubre además a personas alojadas en Alcaidía y en el área de Asuntos Juveniles.
“El resto lo aporta la provincia”, aclaró Tello, al remarcar que los costos de funcionamiento exceden ampliamente los recursos transferidos por el Estado nacional.
En paralelo al reclamo presupuestario, la funcionaria destacó el enfoque de reinserción social que se implementa dentro del penal. Aproximadamente 200 internos comenzarán la próxima semana clases de nivel primario y secundario, en articulación con el Ministerio de Educación.
“El objetivo es brindar herramientas educativas, formación laboral y contención espiritual”, explicó Tello, subrayando que la política penitenciaria apunta no solo al cumplimiento de la pena, sino también a la preparación para la reintegración social.
