El gobierno de Irán declaró este miércoles 11 de noviembre como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina, en una decisión que profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países. La medida fue presentada por las autoridades iraníes como una respuesta a la política adoptada por la administración de Javier Milei contra la Guardia Revolucionaria Islámica.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán explicó que la designación se fundamenta en el principio de reciprocidad y en una legislación aprobada en 2019, que contempla medidas contra los países que respalden la clasificación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.
Teherán calificó la decisión argentina como un acto hostil y advirtió que el Gobierno nacional deberá asumir las consecuencias de sus acciones, aunque no precisó qué medidas concretas podría adoptar. La declaración alcanza específicamente a la Armada y la Fuerza Aérea, pero no incluye al Ejército Argentino.
El conflicto se originó luego de que el Ejecutivo nacional incorporara al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta decisión habilita la aplicación de restricciones financieras y otras medidas previstas en la legislación argentina.
El gobierno de Milei fundamentó aquella disposición en las investigaciones judiciales sobre los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. La Justicia argentina atribuyó responsabilidades a funcionarios iraníes y a integrantes de Hezbollah por estos ataques, que dejaron numerosas víctimas y continúan sin una resolución judicial definitiva.
Tras conocerse el anuncio, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente la decisión de Irán y sostuvo que carece de fundamentos.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que la calificación constituye una acusación inadmisible contra instituciones militares establecidas constitucionalmente, cuya función es la defensa de la soberanía nacional.
Además, el Gobierno recordó que continúan vigentes los reclamos judiciales contra los acusados por los atentados de 1992 y 1994, y cuestionó la falta de cooperación de las autoridades iraníes para avanzar en las investigaciones.
Deja una respuesta