El exjefe de Gabinete presentó un descargo ante la Justicia para explicar el origen de sus ahorros y la evolución de su patrimonio durante su paso por el Gobierno.
La presentación respondió a un requerimiento de 20 puntos formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga presuntas inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y la evolución de su patrimonio entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Según la reconstrucción fiscal difundida, la diferencia bajo análisis supera los $43 millones y los US$400.000.
En su descargo, el exfuncionario sostuvo que las operaciones con criptomonedas le permitieron obtener US$591.544,61. Su abogado, Matías Ledesma, argumentó que se trataba de ahorros acumulados antes del ejercicio de la función pública y que, por lo tanto, no correspondía considerarlos un incremento patrimonial producido durante su gestión.
De acuerdo con la explicación presentada, Adorni operó con ocho billeteras virtuales y liquidó sus inversiones en Bitcoin mediante transacciones realizadas en efectivo. La defensa señaló que parte de esos dólares permaneció guardada en su domicilio, fuera del sistema bancario, y que posteriormente fue utilizada para afrontar distintos gastos familiares.
Entre los desembolsos que Adorni atribuyó a esos ahorros figuran viajes a Aruba, una estadía en el hotel Llao Llao de Bariloche y un viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a España. La defensa también sostuvo que los fondos permitieron financiar operaciones inmobiliarias y mejoras en propiedades de la familia.
La explicación sobre el origen del dinero constituye uno de los puntos que deberá analizar la Fiscalía. Según el escrito, las operaciones de compraventa de criptomonedas se realizaron mediante encuentros personales y pagos en efectivo, sin intervención de entidades financieras ni identificación formal de las partes. La defensa puso a disposición documentación técnica y claves de las billeteras virtuales para respaldar su versión.
Otro de los aspectos centrales del descargo fue la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá y el dinero destinado a su remodelación. Sostuvo que el inmueble fue comprado por US$120.000, mediante un préstamo de US$100.000 con garantía hipotecaria sobre otra propiedad y un pago adicional de US$20.000 en efectivo. Según la defensa, ese último monto provenía de los ahorros que conservaba su esposa.
En cuanto a las refacciones, el exfuncionario negó haber desembolsado US$245.000, cifra que había surgido del testimonio de un contratista incorporado a la investigación. Afirmó que el costo real de los trabajos fue de US$175.000 y que los pagos se realizaron con fondos provenientes de sus ahorros.
La diferencia entre ambas cifras es uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación, junto con el origen y la trazabilidad del dinero utilizado para comprar y remodelar la vivienda.
La defensa también respondió sobre una tasa de ingreso al country de US$5.000. Según explicó, ese gasto fue incorporado en una declaración jurada rectificativa presentada en junio de 2026 y su inclusión posterior buscó reflejar correctamente la situación patrimonial del matrimonio.
En la presentación judicial, Adorni detalló que sus ahorros declarados en efectivo pasaron de US$513.000 al cierre de 2023 a US$388.961,52 al finalizar 2024 y a US$209.961,52 al cierre de 2025.
Sus abogados atribuyeron esa reducción a la utilización del dinero para financiar las refacciones de la casa de Indio Cuá y la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Según el planteo defensivo, la familia había reservado originalmente esos fondos para el futuro de sus hijos, pero luego decidió destinarlos a las operaciones inmobiliarias.
Respecto de la diferencia de $43.068.549 señalada por la Fiscalía, la defensa sostuvo que se trata de una brecha residual dentro de la reconstrucción de gastos y no de un incremento patrimonial que carezca de explicación. Esa interpretación forma parte del descargo del exfuncionario y todavía debe ser evaluada judicialmente.
Con la presentación del escrito, Adorni respondió formalmente al pedido de explicaciones sobre su patrimonio. Sin embargo, el descargo no implica el cierre de la causa ni que la Justicia haya dado por acreditado el origen de los fondos.
El fiscal Pollicita deberá analizar la documentación contable y técnica aportada, contrastarla con los elementos reunidos durante la investigación y determinar si las explicaciones resultan suficientes. Si considera que persisten inconsistencias, podrá solicitar al juez Ariel Lijo que convoque al exfuncionario a prestar declaración indagatoria.
La investigación se concentra en establecer si los ingresos y ahorros que Adorni afirma haber acumulado antes de ingresar al Gobierno permiten explicar las compras, refacciones, viajes y demás gastos realizados durante su gestión. Por el momento, el origen de esos fondos y la existencia o no de un incremento patrimonial injustificado continúan bajo análisis judicial.
