El Ejecutivo quiere que la ley que fija los gastos y los ingresos del Estado se trate en el Congreso en octubre. Está dispuesto a incorporar cambios durante el debate por Discapacidad y Universidades.
El Gobierno confía en reunir los votos para aprobar el Presupuesto 2027 y apuesta al respaldo de los gobernadores aliados y dialoguistas para sostener la negociación en Diputados. En la Casa Rosada aseguran que no esperan dificultades determinantes con la ley que fija los gastos y los ingresos, y trabajan para llevarla al recinto durante octubre, dentro de una sesión amplia con otros proyectos de la agenda oficial. El proyecto ingresó este martes, minutos antes de la medianoche, a la Cámara de Diputados.
“Los votos van a estar”, sostienen en Nación. El cálculo del Ejecutivo se apoya en los acuerdos que viene construyendo con mandatarios provinciales, el PRO, sectores radicales y bloques federales. La estrategia es evitar una discusión cerrada y habilitar modificaciones que permitan ampliar el respaldo sin alterar el objetivo central de superávit fiscal.
En el Gobierno consideran que el resultado positivo previsto para las cuentas públicas fortalece políticamente el proyecto. “Es un presupuesto con superávit. No debería haber problemas”, expresan cerca de las negociaciones parlamentarias. La Casa Rosada todavía está definiendo el cronograma de comisiones y las fechas de exposición de los funcionarios económicos.
La intención es que el debate incluya además los conflictos por Discapacidad y Universidades, dos temas que generaron fuertes tensiones con la oposición y con sectores que habitualmente acompañan al oficialismo. En Nación aseguran que están dispuestos a discutir modificaciones y partidas, pero buscan que esas conversaciones formen parte de un tratamiento presupuestario más amplio.
El Gobierno ya había comenzado a trabajar una alternativa propia frente a la discusión por Discapacidad. La posición oficial es que las actualizaciones para prestadores y el financiamiento del área deben quedar contemplados dentro del esquema fiscal de 2027, en lugar de avanzar con mecanismos que el Ejecutivo considere abiertos o sin una fuente definida de financiamiento.
La discusión universitaria seguirá una lógica similar. La Casa Rosada busca encauzar los reclamos presupuestarios dentro de la ley de gastos y evitar que el Congreso avance por carriles paralelos con iniciativas que puedan modificar las erogaciones sin coordinación con Economía. La definición final dependerá de la negociación en comisión.
El otro pilar de la estrategia son los gobernadores. En Nación reconocen que durante las últimas semanas hubo conversaciones por obras públicas, transferencias y pedidos específicos de las provincias. El objetivo político es sostener una relación estable mientras avance el paquete legislativo de fin de año.
Parte de esos acuerdos ya quedó reflejada en el Presupuesto. El Ejecutivo incorporó proyectos viales, de agua y saneamiento reclamados por distintas jurisdicciones, entre ellas Mendoza y Entre Ríos, además de pedidos provenientes de provincias del norte y la Patagonia. La negociación continuará durante el tratamiento parlamentario.
La Casa Rosada interpreta esas concesiones como parte de una relación más amplia y no como un intercambio limitado a una sola votación. Infraestructura, fondos provinciales, reformas nacionales y acuerdos políticos avanzan en paralelo, con Diego Santilli como uno de los principales interlocutores del Gobierno con los mandatarios.
El escenario electoral agrega, sin embargo, una dificultad. Cerca del oficialismo admiten que una escalada de tensión con las provincias puede complicar el acompañamiento a las reformas y consideran conveniente reducir el nivel de confrontación durante los próximos meses. Algunos sectores incluso plantean que sería útil ordenar antes los acuerdos políticos para 2027.
La Casa Rosada viene intentando separar las dos discusiones. La estrategia es mantener abiertos los canales institucionales con gobernadores contra los que La Libertad Avanza eventualmente competirá en las elecciones, para evitar que la disputa por candidaturas derive antes de tiempo en un bloqueo legislativo.
Ese esquema cobra importancia después de los últimos traspiés de Diputados. La oposición consiguió emplazar comisiones por Discapacidad y endeudamiento familiar, y el Gobierno busca recuperar la iniciativa parlamentaria con una sesión propia en octubre. El Presupuesto aparece como el principal ordenador de esa agenda.
La mesa política repasó este martes las variables centrales del proyecto. El Ejecutivo proyecta para 2027 un crecimiento del PBI del 4%, una inflación promedio del 21,1%, una suba del salario promedio del 25,4%, exportaciones superiores a US$130.000 millones y un saldo comercial favorable mayor a US$15.000 millones.
El Gobierno sostiene además que el proyecto volverá a contemplar resultado fiscal positivo y destaca que, de cumplirse su proyección, serían cuatro años consecutivos de superávit financiero sin que la Argentina esté en default. El esquema inspirado en un “shutdown” estadounidense para restringir gastos sin autorización legislativa, en cambio, no forma parte por ahora del Presupuesto.
La apuesta de la Casa Rosada es llegar a octubre con los acuerdos políticos suficientemente ordenados para aprobar la ley sin depender de negociaciones de último momento. El oficialismo confía en el respaldo de gobernadores y aliados, pero mantendrá abierta la discusión sobre partidas, obras y reclamos sectoriales mientras preserva como límite el equilibrio fiscal.
