A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Inteligencia de Estado anunció la puesta en marcha de un nuevo Estatuto del Personal. Tras sucesivos cambios en el aparato de inteligencia, el Poder Ejecutivo busca justificar la reestructuración del organismo con el relato de la «modernización» y la «despolitización».
En un nuevo avance sobre la estructura de los servicios de inteligencia, el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei dio a conocer la creación del denominado «Cuerpo de Inteligencia de la Nación», a partir de la aprobación de un nuevo Estatuto del Personal anunciado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
A través de un comunicado emitido el 14 de septiembre, la gestión oficial intentó legitimar la medida sosteniendo que la inteligencia argentina sufrió «las consecuencias de la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo durante décadas». Bajo este diagnóstico, el escrito promete la implementación de una «Carrera de Inteligencia» basada en procesos de selección «abiertos, transparentes, competitivos y despolitizados» guiados por el mérito y la capacitación.
Sin embargo, detrás del discurso de la «profesionalización» y el profesionalismo técnico, la iniciativa constituye la tercera modificación estructural sobre el sistema de inteligencia en lo que va del mandato libertario. En lugar de garantizar la transparencia, el constante rediseño del organismo ha estado acompañado por la opacidad en la asignación de recursos y el recelo en torno a la orientación del aparato de espionaje estatal.
El documento del organismo sostiene además que la meta es construir un cuerpo «al servicio permanente de los intereses de la Nación» capaz de «anticipar amenazas». Pese a este enunciado, diversos analistas y sectores críticos advierten que la proclamada «despolitización» contrasta con las decisiones de la administración central, que prioriza el fortalecimiento y la reconfiguración permanente de las áreas de inteligencia en lugar de atender las prioridades sociales y económicas que atraviesan al país.
De este modo, mientras las áreas sensibles de la administración pública sufren recortes y desfinanciamiento, el Gobierno de Milei vuelve a volcar esfuerzos institucionales en blindar y ampliar la estructura de la SIDE, sembrando dudas sobre los verdaderos alcances y objetivos de este nuevo cuerpo de agentes.
