El gobierno nacional puso fin a uno de los principales programas de acceso gratuito a medicamentos del país después de más de dos décadas de funcionamiento. Tras un recorte presupuestario del 72% respecto de 2023, una fuerte reducción de los tratamientos distribuidos y un recorte del vademécum que dejará al nuevo esquema nacional concentrado en apenas tres medicamentos cardiovasculares. El costo de la medida no desaparece sino que se traslada a las provincias, los hospitales y, por supuesto, al bolsillo de las familias argentinas.
Un paciente llega a un centro de atención primaria con una receta y el medicamento que antes recibía gratuitamente ya no está disponible. Si tampoco puede comprarlo, el tratamiento se interrumpe. Y una enfermedad que podía mantenerse controlada puede terminar convirtiéndose en una consulta de urgencia, una complicación o incluso una internación.
Ese es uno de los principales riesgos detrás del cierre del Programa Remediar, una política sanitaria creada en 2002 en plena crisis económica y social para garantizar medicamentos esenciales gratuitos a quienes se atendían en el sistema público. Para 2026, Remediar contó con un presupuesto vigente de 36.054 millones de pesos, lo que representa una caída del 72% en términos reales respecto de 2023. La cantidad de tratamientos distribuidos también se desplomó: pasó de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una reducción de alrededor del 62% en tres años.
Un punto importantísimo es que el programa abastecía anteriormente a más de 7.800 centros de atención primaria distribuidos por todo el país. Con el esquema posterior a su cierre, las estimaciones indican que la distribución alcanzaría aproximadamente a 800 establecimientos, cerca del 10% del universo anterior.
Pero sin dudas uno de los cambios más profundos está en qué medicamentos seguirá proporcionando Nación. Remediar llegó a contar con 79 presentaciones farmacológicas y según el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, permitía cubrir cerca del 90% de las patologías más frecuentes atendidas en el primer nivel.
Su alcance excedía ampliamente a enfermedades como hipertensión y diabetes. Incluía antibióticos, corticoides, antiparasitarios, sales de rehidratación oral y medicamentos para afecciones respiratorias, urinarias, gastrointestinales, dermatológicas y vinculadas a la salud sexual y reproductiva. El esquema que lo reemplaza, en cambio, estará focalizado en enfermedades cardiovasculares y contempla apenas tres medicamentos: losartán combinado con amlodipina, furosemida y rosuvastatina.
Menos medicamentos, más demanda en las guardias
En marzo de 2026, durante una reunión del Consejo Federal de Salud, autoridades nacionales comunicaron que Remediar finalizaría el 1° de abril. Según la información relevada, se previó una compra de emergencia para mayo y junio antes de avanzar hacia un nuevo modelo concentrado fundamentalmente en patologías cardiovasculares.
Desde el Gobierno nacional, la reestructuración fue presentada bajo el argumento de utilizar de manera más eficiente los recursos y reforzar el “rol jurisdiccional” de las provincias. Sin embargo, esa transferencia de responsabilidades abre una discusión central: las 24 jurisdicciones argentinas no cuentan con los mismos recursos para reemplazar una política de compras y distribución que hasta ahora tenía alcance nacional.
Según la información recopilada por la Fundación Soberanía Sanitaria, en Tierra del Fuego por ejemplo, la dispensa de medicamentos del programa cayó de 143.652 unidades en 2023 a 92.422 en 2024 y apenas 42.966 en 2025. La reducción fue cercana al 70% en dos años.
Otro relevamiento del Centro de Investigación para la Implementación de Políticas Públicas en Salud (CIIPS-IECS) muestra además fuertes diferencias territoriales. Entre 2024 y 2025, la cantidad de tratamientos distribuidos cayó un 72,4% en Chaco y un 70% en Salta, dos de las jurisdicciones que registraron las mayores disminuciones.
El problema es que reemplazar Remediar provincia por provincia puede profundizar las diferencias que una política federal buscaba reducir. Una jurisdicción con mayor capacidad fiscal tiene más posibilidades de comprar medicamentos con recursos propios que otra con menor margen presupuestario. El lugar de residencia del paciente pasa entonces a tener un peso cada vez mayor sobre las posibilidades de acceder gratuitamente a un mismo tratamiento.
La segunda consecuencia señalada tiene que ver con algo menos visible que el recorte presupuestario: el gasto sanitario no necesariamente desaparece cuando el Estado nacional deja de financiar un medicamento. Si el paciente puede pagarlo, el costo pasa al bolsillo familiar. Si no puede hacerlo y abandona el tratamiento, una eventual complicación puede generar nuevas consultas, estudios, atención de urgencia o internaciones que deberán ser absorbidas por hospitales y sistemas sanitarios provinciales.
Aníbal Aristizábal, secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), advirtió en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes que el impacto será especialmente fuerte entre los sectores que ya enfrentan dificultades económicas. “El impacto claramente es negativo. En una sociedad más empobrecida, con caída del poder adquisitivo y aumento de los gastos en salud, sacar una herramienta como Remediar va a ser catastrófico para amplios sectores de la comunidad”, sostuvo.
Advirtió además sobre las consecuencias que puede generar la interrupción de tratamientos crónicos: “Si una persona con diabetes, hipertensión o enfermedad renal crónica no puede acceder al tratamiento, la consecuencia será más complicaciones, más eventos cardiovasculares, más progresión de la enfermedad y más muertes prevenibles”.
“Eso va a suceder en todos los centros de atención primaria y va a tener un correlato en los hospitales públicos, con más demanda en las guardias por pacientes que se descompensan porque no pueden sostener sus tratamientos” , agregó Aristizábal.
Algunas jurisdicciones ya comenzaron a desarrollar mecanismos propios para reemplazar los medicamentos que dejaron de llegar desde Nación. Pero eso implica destinar recursos provinciales a cubrir una prestación anteriormente sostenida mediante una política federal.
La consecuencia potencial es una fragmentación del acceso. La posibilidad de obtener gratuitamente determinados medicamentos podría depender cada vez más de la provincia en la que vive el paciente y de la capacidad presupuestaria de cada gobierno local. “Los más expuestos van a ser los pacientes sin buenos salarios, sin formalidad laboral, sin obra social, los que ya vieron caer sus ingresos y aumentar sus gastos en salud. Si el programa no te lo da y vos no lo podés comprar, sencillamente no hacés el tratamiento”, señaló Aristizábal.
El informe de Soberanía Sanitaria incorpora además otra dimensión: Remediar no solo tenía una función asistencial, sino que también participaba de la articulación con laboratorios públicos y productores nacionales de medicamentos. Su capacidad de compra permitía sostener demanda y escala y constituía una herramienta estatal de intervención sobre el mercado farmacéutico. Su desarticulación podría tener consecuencias que excedan la entrega inmediata de medicamentos y alcanzar también la capacidad pública de producción, compra y regulación.
Con el paso de los años, Remediar se convirtió en una política permanente de atención primaria. En 2019, la Ley de Emergencia Pública volvió a establecer entre los objetivos sanitarios garantizar el acceso a medicamentos esenciales mediante el programa.
Veinticuatro años después, su cierre marca un cambio de orientación en la relación entre Nación y las provincias en materia sanitaria. Detrás de esa reorganización, existe un retiro del Estado nacional de una función redistributiva que permitía garantizar un piso relativamente homogéneo de acceso a medicamentos en todo el territorio.
Una política nacional permite que una persona atendida en un centro de salud de una provincia con pocos recursos tenga, al menos en principio, acceso al mismo medicamento que otra que vive en una jurisdicción con mayor capacidad fiscal. Al trasladar esa responsabilidad, la desigualdad presupuestaria entre provincias puede convertirse también en desigualdad sanitaria.
