El Gobierno provincial cuestionó el amarre del buque VS Promise, de bandera británica, en el puerto de Ushuaia y reclamó explicaciones al Gobierno nacional por la autorización de la operación. La Provincia consideró el hecho “inadmisible” en el marco del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.
El Gobierno de Tierra del Fuego expresó su rechazo a la presencia de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia y reclamó explicaciones sobre las condiciones en las que fue autorizado su ingreso y operación.
La embarcación, identificada como VS Promise, generó cuestionamientos por parte de las autoridades provinciales debido a su vinculación con el Reino Unido, en un contexto atravesado por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y los territorios del Atlántico Sur.
Desde la Provincia consideraron “inadmisible” la presencia del buque y señalaron que la situación debe ser aclarada por las autoridades responsables de la administración del puerto. El planteo apunta especialmente a conocer bajo qué criterios se permitió el amarre y cuál fue el alcance de las operaciones realizadas por la embarcación.
El episodio también generó repercusiones debido a que el puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo intervención del Gobierno nacional. En ese marco, desde la administración fueguina reclamaron información sobre el procedimiento utilizado para autorizar el ingreso del buque.
La presencia del petrolero británico volvió a poner en el centro de la escena la cuestión de la soberanía argentina en el Atlántico Sur, uno de los principales ejes de la política y del discurso institucional de Tierra del Fuego.
La Provincia sostiene históricamente una posición crítica frente a cualquier actividad vinculada con empresas, embarcaciones o intereses británicos relacionados con las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
El caso del VS Promise abrió así una nueva controversia entre la administración fueguina y el Gobierno nacional, mientras desde Tierra del Fuego insistieron en la necesidad de defender la soberanía argentina y garantizar que las actividades desarrolladas en sus puertos sean compatibles con esa posición.
