El régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo chocó contra un paredón de rechazo en la Cámara de Diputados. La sombra del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni —eyectado de su cargo tras acogerse al esquema simplificado de Ganancias en medio de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito—, se convirtió en el principal obstáculo para que el bloque oficialista de La Libertad Avanza logre avanzar con el proyecto.
Pese a las resistencias de la oposición, la bancada oficialista insiste en convocar a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal para este miércoles a las 11 en el anexo C, con el objetivo de forzar un dictamen de mayoría. De destrabarse el texto, la intención de la Presidencia del cuerpo es llevar la norma al recinto el 19 o el 26 de agosto, en un combo legislativo junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Un Blanqueo encubierto para beneficiar a Funcionarios
Durante el último plenario informativo, las explicaciones de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, el director del Banco Central, Martín Vauthier, y el director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, lejos de despejar dudas, encendieron las alarmas de la oposición.
Las críticas apuntaron directo al corazón del proyecto:
– Favores a la casta propia: La norma no excluye explícitamente a funcionarios públicos, permitiéndoles ingresar al régimen simplificado. El precedente de Adorni expuso que el esquema puede utilizarse como una maniobra de cobertura patrimonial.
– Blanqueo permanente: La oposición denunció que la iniciativa no hace más que incentivar la evasión tributaria, perdonando el incumplimiento fiscal y consagrando un régimen de impunidad bajo el eufemismo de «simplificación».
– Fuga de dólares del sistema: Desde el oficialismo admitieron que el objetivo de fondo es captar unos 170.000 millones de dólares fuera del circuito formal. Sin embargo, el planteo oculta que la flexibilización de los controles abre la puerta a la falta de transparencia sin ofrecer verdaderas garantías contra el lavado de dinero.
Excusas oficiales ante un texto polémico
Frente al aluvión de cuestionamientos, la subsecretaria Balestrini intentó relativizar el alcance de la medida al afirmar que no se trata de un nuevo blanqueo, sino de una declaración jurada simplificada. Además, argumentó que los funcionarios deberán seguir presentando sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y que se mantendrán vigentes las leyes antilavado y antievasión.
Por su parte, Vauthier dimensionó que la masa de dólares «bajo el colchón» equivale a entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en moneda extranjera. No obstante, el intento del Gobierno por justificar la norma bajo la premisa de «formalizar ahorros sin penalidades» tropieza con la falta de ética política que supone blindar a exfuncionarios cuestionados por la Justicia.
La negociación parlamentaria sigue trabada y el oficialismo enfrenta semanas decisivas para evitar un revés legislativo en la Cámara Baja.
