La Justicia concedió la excarcelación de las dos exfuncionarias detenidas en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que provocó decenas de muertes en Argentina. La decisión fue tomada por el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata.
Se trata de Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas recuperaron la libertad luego de abonar una caución de $75 millones cada una.
La resolución establece además la retención de sus pasaportes y la prohibición de salir del país, por lo que las dos continuarán vinculadas al expediente mientras avanza la investigación judicial.
*La situación de las exfuncionarias*
Las detenciones se habían producido esta semana y de manera diferente. Bisio fue detenida en la localidad bonaerense de Olivos, mientras que Mantecón Fumado se presentó voluntariamente ante la Justicia acompañada por su abogado.
Durante las indagatorias, Bisio decidió no responder preguntas y realizó una exposición breve, además de anticipar que presentaría un escrito. Mantecón Fumado, en cambio, se remitió inicialmente a una presentación realizada con anterioridad y luego respondió extensamente al interrogatorio.
Ambas estaban al frente de los principales organismos nacionales encargados del control y fiscalización de medicamentos durante el período en el que se produjeron los hechos que ahora investiga la Justicia.
Bisio estuvo al frente de la ANMAT hasta comienzos de 2026, cuando presentó su renuncia. Mantecón Fumado había sido apartada preventivamente de la dirección del INAME en agosto de 2025. La documentación oficial confirma que ocupaba ese cargo durante 2024.
La investigación busca determinar las responsabilidades por la producción y distribución de lotes de fentanilo de uso medicinal contaminado, vinculados con decenas de muertes ocurridas en hospitales y clínicas de distintas partes del país.
El expediente tiene como uno de sus principales focos a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., empresas pertenecientes al grupo familiar García Furfaro. La Justicia investiga tanto las condiciones en las que se fabricaron los medicamentos como los controles que debían realizar los organismos estatales.
La causa también analiza si existieron fallas u omisiones por parte de los organismos responsables de fiscalizar a los laboratorios. Investigaciones previas incorporadas al expediente señalaron posibles deficiencias en los controles y demoras en la adopción de medidas frente a irregularidades detectadas.
La fiscalía llegó a plantear la hipótesis de que las irregularidades de los laboratorios pudieron sostenerse debido a una eventual “cobertura estatal”, que habría permitido que continuaran produciendo pese a antecedentes de incumplimientos de las normas de fabricación. Esa hipótesis forma parte de la investigación y todavía debe ser probada judicialmente.
La excarcelación no implica el cierre de la investigación ni desvincula a las exfuncionarias de la causa. Ambas permanecerán sometidas al proceso judicial y deberán cumplir las restricciones establecidas por el juez Kreplak.
