El frente judicial para la conducción del fútbol argentino sumó este jueves un capítulo clave en los Estados Unidos. Un Gran Jurado con sede en la ciudad de Miami dio inicio a una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado para investigar si la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y un grupo de empresarios vinculados incurrieron en delitos financieros en territorio norteamericano.
Las citaciones, dispuestas a partir de las 9:00 (hora de la costa este estadounidense), se enmarcan en una investigación impulsada por el fiscal Michael Berger (Fiscalía de Florida) y Patrick Gushue (Departamento de Justicia). La causa busca determinar la eventual comisión de lavado de dinero y fraude bancario a través de operaciones realizadas en el sistema financiero estadounidense.
El foco en TourProdEnter y los implicados
Las órdenes de comparecencia exigen a los testigos la entrega de todos los archivos y registros de comunicaciones que mantengan con los principales directivos y allegados de la entidad de la calle Viamonte: el presidente Claudio «Chiqui» Tapia, Pablo Toviggino,Diego Lucero y el empresario teatral Javier Faroni.
El centro de la pesquisa se concentra en la firma TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos perteneciente a Faroni y su cónyuge, Erica Gillette. Según las hipótesis que manejan los investigadores federales, la compañía habría administrado y recaudado cerca de 300 millones de dólares desde 2021, producto de la comercialización de partidos amistosos internacionales de la Selección Argentina y acuerdos de patrocinio con marcas globales como Adidas y Warner.
Las autoridades buscan determinar si existió un desvío de beneficios económicos derivados de la explotación comercial del seleccionado nacional. Hasta el momento, la investigación corroboró que la firma bajo sospecha operó volúmenes masivos de dinero a través de entidades bancarias de primera línea como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
Dado el marco procedimental de la justicia estadounidense, las deliberaciones del Gran Jurado se desarrollan a puertas cerradas y sin un plazo prefijado para resolver si formula imputaciones formales contra los involucrados.
