El gobierno nacional impulsa un nuevo intento para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera, una norma vigente desde 2001 que establece el precio único de venta de los libros en todo el país. La iniciativa forma parte de un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y ya despertó un fuerte rechazo entre cámaras editoriales, librerías y representantes de la industria del libro.
Aunque el borrador, de más de 140 páginas, todavía no fue enviado al Congreso, el contenido comenzó a circular en los últimos días y reavivó el debate sobre el impacto que tendría la eliminación del precio fijo para el sector.
La Ley 25.542 obliga a las editoriales a establecer un precio uniforme para cada libro, que debe ser respetado por todos los puntos de venta del país. Desde el Gobierno sostienen que derogar ese esquema permitiría una mayor competencia mediante descuentos y promociones, lo que podría traducirse en libros más accesibles para los consumidores.
En ese sentido, Sturzenegger afirmó que la normativa vigente solo impide ofrecer rebajas y cuestionó que la defensa de la cultura implique mantener “libros caros e inaccesibles”.
Sin embargo, las principales entidades vinculadas a la cadena del libro advirtieron que la medida podría provocar el efecto contrario. A través de un comunicado conjunto, la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), la Fundación El Libro, la Unión de Escritoras y Escritores de Argentina y diversas cámaras provinciales señalaron que la eliminación del precio único favorecería la concentración del mercado en grandes cadenas y plataformas de comercio electrónico.
Las organizaciones sostienen que el libro constituye un bien cultural y no un producto de consumo masivo, por lo que el sistema de precio uniforme garantiza la bibliodiversidad, el acceso federal a la lectura y la supervivencia de librerías independientes que cumplen un rol cultural en todo el país.
Según datos de la Cámara Argentina del Libro, desde la sanción de la ley se triplicó la cantidad de novedades editoriales publicadas, se duplicó el número de editores y se consolidó una red cercana a las 1.500 librerías en todo el territorio nacional. Además, remarcan que el esquema permitió sostener a más de 500 editoriales PyME y evitar procesos de concentración similares a los registrados en otros países, como el Reino Unido, donde desapareció cerca de un tercio de las librerías independientes tras la eliminación de un régimen similar.
Incluso la cadena Yenny, una de las principales del país, manifestó su preocupación por la posible derogación y advirtió que los grandes operadores del comercio electrónico podrían generar una competencia desleal mediante políticas de descuentos difíciles de sostener para el resto del sector.
La discusión también se trasladó a las redes sociales. El periodista Luis Novaresio calificó la iniciativa como “un modo sofisticado de la maldad” al considerar que pondría en riesgo a librerías y editoriales independientes. Sturzenegger respondió que la propuesta solo elimina la prohibición de aplicar descuentos y sostuvo que la diferencia entre ambos es “cultural”. Novaresio replicó que el Estado debe respaldar a autores y libreros argentinos y pidió al ministro abrir una instancia de diálogo con la industria.
Se trata del tercer intento del Gobierno por modificar esta normativa. La eliminación del precio único ya había sido incluida en el DNU 70/2023 y en el proyecto original de la Ley Bases, aunque en ambos casos la propuesta no prosperó. Ahora, la iniciativa vuelve a incorporarse dentro de un nuevo paquete de desregulaciones económicas impulsado por el Ministerio de Desregulación.
Mientras el proyecto aún no ingresó al Congreso, libreros, editores y representantes del sector reclaman ser convocados a una instancia de diálogo y advierten que la eventual derogación podría traducirse en el cierre de librerías, una mayor concentración del mercado editorial y una reducción de la oferta cultural en distintas regiones del país.
