El gobierno nacional oficializó el despido de 62 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), aunque desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que las desvinculaciones podrían alcanzar las 170 personas. La medida reavivó las críticas por el ajuste sobre el sistema científico y tecnológico, mientras especialistas alertan sobre sus posibles consecuencias para la industria nuclear argentina en un contexto de creciente interés internacional por el uranio del país.
La CNEA, organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Energía, cumple un rol estratégico en la investigación y el desarrollo de tecnología nuclear, el diseño de reactores y la producción de radioisótopos utilizados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer.
Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIITCI), el presupuesto del organismo se redujo un 45,4% en los últimos tres años.
Los trabajadores afectados recibieron la notificación mediante un correo electrónico en el que se les informó que sus contratos habían finalizado el 30 de junio y que no serían renovados ni prorrogados. De esta manera, conocieron su desvinculación el mismo día en que quedó extinguida la relación laboral.
Tras los despidos, ATE convocó a medidas de fuerza y denunció que efectivos de Gendarmería intervinieron durante una protesta realizada en la sede central de la CNEA, ubicada en el barrio porteño de Núñez.
El presidente del organismo, Martín Porro, rechazó las críticas y sostuvo que no fueron despedidos trabajadores científicos ni personal estratégico. A través de sus redes sociales afirmó que las desvinculaciones forman parte de un proceso de reorganización destinado a modernizar la estructura del organismo y otorgarle mayor dinamismo.
Sin embargo, trabajadores consultados señalaron que entre los cesanteados hay profesionales de distintas áreas, incluidos ingenieros, desarrolladores de software, especialistas en seguridad radiológica, intérpretes y personal técnico con más de una década de experiencia.
Desde el Gobierno nacional evitaron calificar la medida como despidos y señalaron que se trató de contratos temporarios que vencieron y no fueron renovados. Además, defendieron la decisión al sostener que busca optimizar el funcionamiento del organismo y evitar que sea utilizado como “aguantadero de militantes”, al tiempo que aseguraron que no existen nuevos vencimientos de contratos previstos en el corto plazo.
Una de las trabajadoras desvinculadas explicó que, hasta este año, las renovaciones contractuales se realizaban de forma anual, pero desde enero comenzaron a efectuarse cada tres meses. También sostuvo que los trabajadores contratados cumplían las mismas funciones y la misma carga horaria que el personal de planta permanente.
El conflicto se produce mientras dos empresas controladas por la CNEA, Atucha y Dioxitek, registraron resultados económicos positivos durante 2025, con superávits de 90.304 millones y 19.204 millones de pesos, respectivamente, según datos difundidos por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En paralelo, el debate también se vincula con el creciente interés internacional por los recursos minerales argentinos. En octubre del año pasado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, destacó el potencial del uranio argentino y expresó el interés de empresas estadounidenses en participar de su explotación. El mineral también forma parte de la denominada “Alianza para la Seguridad de los Minerales Críticos”, firmada entre ambos países en febrero.
En ese sentido, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo recientemente que la reactivación de la minería de uranio constituye una prioridad para fortalecer la cadena de suministro de la industria nuclear e insertar al país en el mercado internacional.
Por su parte, la expresidenta de la CNEA y actual diputada nacional, Adriana Serquis, advirtió que la reducción de capacidades del organismo puede afectar toda la cadena de valor del sector nuclear y consideró que una menor presencia argentina en ese mercado podría favorecer a otros países productores, entre ellos Estados Unidos.
