El ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger recorre las distintas carteras para evaluar y definir más despidos en la segunda mitad del año. Los gremios estatales advierten que habrá conflicto.
El Gobierno nacional no tiene intenciones de frenar la reducción del empleo público. Tal como viene anticipando el presidente Javier Milei, la administración libertaria avanza en un relevamiento cartera por cartera para determinar dónde pueden hacerse más ajustes de personal antes de que termine el año.
El encargado de llevar adelante esa tarea es Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. En las últimas semanas, funcionarios de su área recorrieron distintos ministerios con un objetivo claro: analizar cuántos empleados hay, qué funciones cumplen y si esas mismas tareas podrían resolverse con menos gente.
Según pudo saber este medio, la señal que dejan esas visitas es uniforme: hay que seguir reduciendo la planta de personal en la segunda mitad del año, y eso alcanza a todas las áreas del Estado nacional. Desde el entorno oficial aseguran que no habrá inconvenientes para cumplir con las metas de ajuste, aunque no todos los funcionarios comparten ese optimismo. Algunos advierten en privado que los despidos pueden empezar a impactar en la capacidad de gestión.
Del otro lado, los sindicatos estatales ya se preparan para dar pelea. Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue contundente: «No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar», afirmó, y anticipó que si no se reabren las paritarias de forma inmediata, el Gobierno enfrentará un escenario de conflictividad sostenida en el sector público.
Desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, la mirada no es muy distinta. Sin anunciar medidas de fuerza concretas, la organización expresó su preocupación por la política de ajuste y cuestionó que se sigan desvinculando trabajadores con más de una década de antigüedad y alta formación, incluso entre quienes aprobaron el examen que el propio Gobierno aplicó a los empleados estatales, con una tasa de aprobación del 95%.
«Siguen echando gente y lo que más preocupa es que los salarios están perdiendo capacidad adquisitiva», señalaron desde el gremio. Y plantearon que si bien el Estado puede y debe ser más eficiente, eso no puede confundirse con desmantelarlo: «El Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno», remarcaron.
